Estos son los 18 golpistas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha entregado personalmente a los 21 altos cargos señalados por el Constitucional la notificación en la que el TC les advierte de las consecuencias de no acatar la suspensión de la declaración independentista. Tres de ellos no comulgan con el desafío independentista, pero, como miembros de la Mesa del Parlament catalán, también les afecta la medida. Es el caso de José María Espejo, diputado de Ciudadanos; de David Pérez, elegido por el PSC, y de Joan Josep Nuet, miembro de Cataluña Sí que es Pot. Estos son los otros 18 cargos:

Artur Mas. Presidente de la Generalitat en funciones. Principal impulsor del desafío independentista. Ya estaba imputado por el referéndum ilegal del 9N.

Carme Forcadell. Presidenta del Parlament. Militante de ERC y persona muy significada en los ambientes independentistas de Cataluña.

Neus Munté. Vicepresidenta de la Generalitat y también consellera de Bienestar Social. Militante de CDC.

Francesc Homs. Conseller de Presidencia de la Generalitat. 

Meritxell Borràs. Consellera de Gobernación y Relaciones Institucionales.

Boi Ruiz. Conseller de Sanidad.

Irene Rigau. Consellera de Educación.

Andreu Mas-Colell. Conseller de Economía. Fue hace unas semanas una de las voces discrepantes en CDC sobre el posible pacto con la CUP.

Jordi Jané. Conseller de Interior. Hombre de gran peso en CDC. 

Felip Puig. Conseller de Empresa y Ocupación.

Ferran Mascarell. Conseller de Cultura.

Santi Vila. Conseller de Territorio y Sostenibilidad.

Germà Gordó. Conseller de Justicia. Fue implicado por un empresario detenido en el cobro de comisiones durante su etapa como gerente de CDC.

Jordi Ciuraneta. Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Lluís Maria Corominas. Vicepresidente primero del Parlament de Cataluña.

Anna Simó. Secretaria primera de la Mesa del Parlament.

Ramona Barrufet. Secretaria cuarta de la Mesa del Parlament.

Pere Sol. Secretario general del Parlament y el único que no es político.

La providencia que hoy se ha notificado a los 21 cargos públicos señalados por el Constitucional les advierte de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir».

De esta forma, han sido advertidos por el TC de las consecuencias de incumplir la suspensión acordada diputados de todo el arco político del Parlament, con la excepción de la CUP -formación que precisamente alienta la desobediencia al tribunal- y el PP, dado que no forman parte de la Mesa.