El Tribunal Superior de Cataluña abre proceso por delitos de cárcel contra Puigdemont

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite sendas querellas presentadas este mismo viernes por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum y contra el Govern por el decreto de convocatoria del 1-O, según un comunicado del TSJC.

La querella registrada contra la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la presidenta, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.

Y la querella contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la consejera Meritxell Borràs y el entonces secretario de su departamento, Francesc Esteve, y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.

La Fiscalía catalana actuó de inmediato

La querella, anunciada este jueves por el fiscal general del Estado y formalizada hoy, se presenta por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya ha suspendido de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.

La Fiscalía solicita que se reciba “declaración en calidad de investigados” a todos los miembros del Govern por estos tres delitos.

En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Govern pone en marcha un procedimiento, el referéndum, “que va a generar un importante gasto público”.

“Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos”, sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.

«Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos”, señala la querella, que recuerda que la propia ley de los presupuestos de la Generalitat de este año ya preveía habilitar partidas para sufragar este referéndum.