El Tribunal de Cuentas investigará los contratos de emergencia de Sánchez durante la pandemia

El Tribunal de Cuentas investigará los contratos de emergencia que, bajo la excusa de la lucha contra la pandemia, adjudicó el Gobierno de Pedro Sánchez durante los estados de alarma decretados por la crisis sanitaria. El supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en España incluirá la iniciativa en el programa de fiscalización de 2022, después de que el Tribunal de Cuentas Europeo y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) hayan instado a los estados miembros de la Unión Europea a revisar los contratos relativos a la gestión del coronavirus.

El Tribunal de Cuentas impulsa, de esta manera, las actuaciones de control externo que ya inició el ejercicio pasado, y que incluían las fiscalizaciones de los contratos de emergencia celebrados en 2020 por el sector público. En concreto, los ejecutados por los ministerios de las áreas de administración económica y político-administrativa y sus organismos, por autoridades administrativas independientes, por las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio y por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes, tal y como informó el propio órgano.

El resultado de dicha investigación será, previsiblemente, severo contra el Gobierno, a tenor de los informes que hasta ahora se han publicado al respecto. De hecho, en el primer semestre de 2021, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), un ente público autónomo bajo jurisdicción de Hacienda que vigila la contratación pública, destacaba que en los contratos firmados por el Ejecutivo socialista estaban plagados de «anomalías» y reseñaba desde «incoherencias» en los precios hasta la imposibilidad de acceder a la documentación pública.

Como desveló OKDIARIO, el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, compró batas a China a un precio 66 veces superior al que ofertaban empresas nacionales, mascarillas veinte veces más caras que el precio de mercado habitual o test PCR sin la sensibilidad suficiente como para detectar la enfermedad y que, por lo tanto, tuvieron que ser desechados.

Contratos a dedo

Un derroche público que tiene lugar porque, desde que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020, la de emergencia se ha convertido en la vía favorita para la adjudicación de contratos, incluso si estos versaban sobre asuntos cuya urgencia estaba lejos de ser excepcional. La crisis sanitaria se ha convertido así en la excusa perfecta de las administraciones para invocar una figura reservada a casos extraordinarios y, de este modo, adjudicar de forma directa, es decir, a dedo, la prestación de servicios a determinadas empresas, incluso sin comprobar antes su solvencia.

Por ello, el propio Tribunal de Cuentas ha tenido que advertir que la contratación de emergencia debía restringirse a «aquellos supuestos en que, por la imprevisibilidad de la necesidad a satisfacer, no se hubieran podido, mediante una adecuada planificación, utilizar otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia».

La investigación que ahora impulsa el órgano fiscalizador analizará si los contratos ejecutados de emergencia por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia se hicieron correctamente o si, por el contrario, se impidieron los controles previos habituales en este tipo de procedimientos bajo la excusa de la crisis sanitaria, pero sin motivación suficiente para recurrir a una medida que, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, debe ser excepcional.