El Tribunal de Cuentas abre el proceso para que Mas pague de su bolsillo los 5 millones que costó el 9-N

El expresidente Artur Mas, condenado a una inhabilitación de dos años por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización del 9-N, se enfrenta desde hoy a un procedimiento que se dirige donde más les duele a los dirigentes independentistas catalanes, el bolsillo, como reconoció el exconsejero Baiget.

Margarita Mariscal de Gante, titular de departamento segundo de laSección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ha resuelto que se abra expediente contra el expresidente de la Generalitat, así como a sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega y el entonces portavoz del Govern Francesc Homs, por responsabilidad contable al haber utilizado fondos públicos para la organización de una consulta popular que fue previamente suspendida por el Tribunal Constitucional.

La asociación Sociedad Civil Catalana había ejercido la acción pública para denunciar los daño causados en los caudales públicos por la construcción y publicación de una web institucional (14.837 euros), la fabricación de material para ser empleado en la votación (72.532 euros), la adquisición de ordenadores portátiles par ser utilizados en las mesas de votación (2.800.735 euros), la campaña institucional (828.171 euros), la suscripción de una p´liza de seguro para los voluntarios (1.409 euros), las labores de apoyo informático a la consulta (1.106.185 euros) y el envío de información (307.962 euros).

En total, 5,12 millones de euros son los que se detrajeron del presupuesto de todos los catalanes para la organización y celebración del 9-N. Y esa es la cantidad por la que van a ser investigados los cuatro dirigentes catalanes. Según Mariscal de Gante, están identificados «de manera suficientemente precisa» unos hechos de los que «se pudiera haber derivado un daño a fondos públicos» y que serían constitutivos de «responsabilidad contable».

Un delegado instructor que será designado en breve se ocupará durante las próximas semanas de determinar si Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau incurrieron en responsabilidad contable al destinar fondos públicos para financiar unos actos que el Tribunal Constitucional había ordenado suspender.

Fianza o embargo de bienes

El delegado instructor tendrá como primer objetivo determinar las cantidades que se destinaron de forma ilegal al 9-N y quién fue responsable de cada gasto. Una vez detalladas estas cantidades, el Tribunal de Cuentas las reclamará a sus responsables para que las devuelvan.

Entre tanto, el instructor tiene poderes para exigir a los cuatro dirigentes catalanes el depósito de una fianza para asegurarse la cantidad reclamada o procederá al embargo de sus bienes. Si la evaluación de los daños a las arcas públicas coincide que con la cantidad de  denunciada por Sociedad Civil Catalana, cada uno de los cuatro dirigentes encausados por el Tribunal de Cuentas deben garantizar 1,28 millones de euros.

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.