Torrent recibe al sindicato de «manteros» en la sede del Parlament

El presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, ha recibido esta mañana al sindicato de «manteros». Una representación de los vendedores ilegales de la Ciudad Condal ha acudido al Parlament para entrevistarse con Torrent dos años después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, les concediese subvenciones públicas por importe de 800.000 €.

La reunión -que comenzó con retraso porque varios de los ilegales convocados tuvieron que enfrentarse a una redada policial para incautarles su mercancía- se prolongó por espacio de 1 hora. 

Durante el encuentro, el autodesignado como «Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona» ha ocupado varios escaños del Parlamento donde ha exhibido productos bajo la marca «Top Manta», incluidas las camisetas que vestían varios con el slogan «la vida de los manteros importa» serigrafiada en la espalda.

Aseguraron no querer la venta ambulante porque tienen «miedo a salir de casa» para que les «denuncien y persigan» bajo lo que han calificado como un «aumento de la tensión» policial sobre ellos. «No queremos que se repita lo que pasó en Madrid -en alusión a los incidentes del barrio de Lavapiés- porque todos tenemos familias que nos esperan».

Los ilegales propusieron una batería de ideas a Torrent -entre las que se encuentran un huerto ecológico y un bazar de artesanía- para «dar una salida a los compañeros que están en la calle». La mayoría que llegaron siendo menores de edad a España «llevan más de 10 años vendiendo y todavía no tienen papeles».

«El paso importante ahora, les guste o no, es que deben facilitarnos y abrirnos el camino» reivindicaron ante Torrent, a quien arrancaron el compromiso de mantener una reunión con el Ministerio de Trabajo y que los planes de formación profesional que les prometió en su día el Gobierno de la Generalitat se hagan efectivos.

Tutelados por Colau

Muchos de ellos son los mismos manteros que conformaron, en marzo del año pasado, una cooperativa de venta, comercio y servicios en Barcelona bajo el paraguas del Ayuntamiento de Barcelona y con el beneplácito de la alcaldesa Ada Colau.

La propuesta defendida entonces por el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, se presentaba como «una respuesta imaginativa al problema de la venta ilegal que el edil definía como un problema complejo que no podía «ser abordado sólo con sanciones».

El consistorio adjudicó entonces una partida de 800.000 euros públicos en tres años para impulsar la iniciativa vinculada a los planes de ocupación del consistorio de la Ciudad Condal.