Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión de García Ortiz por negarse a responder al juez

Trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala, lo que representa a un tercio de la élite del Ministerio Público, han solicitado formalmente la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La petición se produce tras los últimos acontecimientos en el proceso judicial abierto contra él en el Tribunal Supremo y, en particular, la declaración como imputado y su decisión de bloquear la investigación no respondiendo al juez y no aportando su teléfono móvil.

En un escrito conjunto, los fiscales califican la dimisión del fiscal nombrado por Pedro Sánchez como «imprescindible» y expresan su preocupación por el deterioro de la imagen del Ministerio Fiscal. Señalan específicamente que «el avance de la instrucción y sus hitos procesales […] superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal». Envían la carta ahora porque desde la última reunión convocada por García Ortiz la situación ha empeorado sobremanera.

Los firmantes critican especialmente la actuación de García Ortiz durante su comparecencia como investigado ante el Tribunal Supremo, donde se negó a responder a las preguntas del magistrado instructor. Esta conducta, según indican en el escrito, «es impropia de un Estado Democrático de Derecho». «Puede hacerlo como investigado Don Álvaro García Ortiz; nunca el Fiscal General del Estado», subrayan, recordando que entre las funciones de la institución está «velar por la independencia de los Tribunales».

Los trece fiscales de Sala, en su dura carta remitida a Álvaro García Ortiz a la que ha tenido acceso OKDIARIO, advierten de que su permanencia en el cargo mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo «provoca daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía». En la misiva, fechada el 31 de enero, los firmantes señalan que la situación está causando «una merma de la confianza de la ciudadanía» en la institución y «un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales».

La carta concluye que la renuncia de García Ortiz es necesaria «para preservar a la Institución», aclarando que esta dimisión «no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad» y permitiría al fiscal general «defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la Institución a la que se debe».

«Insólito»

La situación procesal es aún más delicada porque los fiscales firmantes califican de «insólita» la posición de la fiscal que actúa en la causa contra García Ortiz, lo que consideran «contrario a la lógica procesal más elemental».

En su documento, los fiscales de Sala argumentan que es necesario evitar «la confusión entre la responsabilidad de la Institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación», advirtiendo que la permanencia de García Ortiz en el cargo «difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera».

La misiva, dirigida formalmente a García Ortiz con el tratamiento de «Excmo. Sr.», evidencia la profunda crisis institucional que atraviesa el Ministerio Fiscal, agravada por los «escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la Institución del Ministerio Público».

La Junta de Fiscales de Sala es el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado. Está regulada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y está compuesta por los fiscales de mayor rango dentro de la carrera fiscal. Entre sus miembros más destacados se encuentran los cuatro fiscales del procés –entre ellos, Consuelo Madrigal: ex fiscal general del Estado–; Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia; Elvira Tejada, fiscal de sala coordinadora de Criminalidad Informática; Rosana Morán, fiscal de sala antidroga; o Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

La Junta de Fiscales de Sala tiene entre sus funciones asesorar al fiscal general en materias jurídicas relevantes, informar sobre nombramientos discrecionales de la carrera fiscal y asistir al fiscal general en cuestiones de especial trascendencia. Sus 38 integrantes son los fiscales de mayor categoría y experiencia dentro del Ministerio Fiscal.