El Supremo investiga los 97 millones que Belarra dio a dedo con el Gobierno en funciones para cursillos

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso de las pequeñas y medianas ONG contra el Real Decreto impulsado con el Gobierno en funciones por Ione Belarra, entonces ministra de Derechos Sociales, por el que otorgaba discrecionalmente 97 millones de euros de fondos europeos a una docena de entidades sociales para cursillos de informática para niños de 9 a 17 años.

Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala Tercera ha declarado su competencia para estudiar el recurso de la Coordinadora Española de Entidades de Servicios Sociales, Migratorios, Sanitarios, Ocupacionales, Socioculturales y de Empleo del Tercer Sector contra el diseño del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI).

Fuentes jurídicas indican que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó un auto en marzo declarando su incompetencia para conocer de presente recurso. Ese órgano jurisdiccional apuntaba a la competencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, ahora, acepta su competencia. En un auto consultado por este periódico, el presidente de la Sala Tercera, Pablo Lucas, traslada el caso a la Sección Tercera de su Sala. El auto lo firman cinco magistrados de la Sección Primera, encargada de las admisiones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han apoyado que el Supremo asuma el caso.

El Real Decreto citado generó «vergüenza» entre decenas de pequeñas entidades que se quedaban fuera del reparto. Con la excusa de que no quedaba tiempo se otorgó a dedo a las grandes las cuantías millonarias. Fuentes de la entidad recurrente subrayan que no se meten en política: «No tenemos afinidad por unos o por otros políticos. Sólo pedimos que las próximas convocatorias sean abiertas y no se pongan excusas».

Entidades sin capacidad

Para colmo, afean que la entidad que más dinero recibió de los 97 millones consiguió 60 millones a pesar de tener, según sus últimas cuentas anuales, un volumen de negocio anual de menos de tres millones. «De un año a otro pasan a tener 20 veces más de ingresos. Dudamos mucho que tengan capacidad para gestionar esas cuantías. No queremos perjudicar a un solo usuario potencial que se pueda beneficiar de ese plan, pero el reparto ha sido sangrante, hemos agotado el diálogo institucional y, tras hablarlo con nuestros abogados, no nos queda otra opción que recurrirlo en los tribunales», remarcan. En este sentido, el Supremo ya ha anulado convocatorias de fondos europeos otorgadas a dedo, sin concurrencia pública.

Estas fuentes recuerdan el «aciago» final de 2023, cuando la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aprovechó sus últimas semanas en el Gobierno para dejar cerrado este plan millonario. Finalmente, apareció en el BOE con la firma de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, en diciembre.

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En total, se benefició de forma directa a 12 entidades del tercer sector para cursillos de informática dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes vulnerables. Con fondos europeos se quería formar a 418.761 chavales en competencias digitales. Si antes hubo polémica con las clases de digitalización a deportistas, a jóvenes desempleados o a desempleados en general, ahora se suman los talleres con menores. Se va a instruir a españoles de entre 9 y 17 años en buscar información de valor en Internet, herramientas para crear contenido digital, crear contraseñas seguras y proteger los datos personales, controlar el tiempo frente a las pantallas, detectar el ciberacoso, hábitos saludables de desconexión y bienestar digital, etc. En total, 30 horas de formación por niño, y no más para evitar la «saturación».

Los recurrentes, pequeñas ONG con gran capilaridad en el territorio y medios humildes, afean que no hubo los trámites habituales de consulta, audiencia e información pública. El equipo de Belarra no les aportó información puntual y lamentaban que el reparto estaba negociado desde hace tiempo. «Mandamos varios requerimientos y no nos contestaron. Sólo queríamos tener la información para valorar presentarnos o no. Pero ni siquiera eso nos permitieron. Se cocinó todo por la vía express», lamentan.

Plazos urgentes

Por su parte, el Ministerio justificó las prisas porque paralizar el decreto impediría otorgar las subvenciones en 2023, retrasando significativamente el inicio de las actividades. Sin embargo, los plazos de los fondos europeos se negocian con Europa y era posible solicitar una extensión. Además, si el reparto se ha hecho sin todas las garantías y sin una justificación correcta, como ahora investiga el Supremo, el resultado a la postre podría ser el de anular todo el plan y provocar un desaguisado aún mayor.

Belarra también optó por la concesión directa porque supuestamente pocas entidades del tercer sector tenían la capacidad para realizar este tipo de formación especializada. Las entidades debían tener la infraestructura y capacidad técnica necesarias para cumplir con los objetivos europeos, manteniendo un costo unitario de 230 euros por alumno. Sin embargo, se han dado los fondos a organizaciones con un volumen de negocio menor. «Hay gente con capacidad de hacer mucho lobby, se nos deja fuera y eso es algo que nos disgusta sobremanera», comentan los agraviados.

Las fuentes pulsadas indican que estos fondos comunitarios primero recayeron en el ministerio de José Luis Escrivá, luego en el de Nadia Calviño y finalmente en el que tiene competencias en infancia. Aunque se barajó la opción de distribuir las ayudas por comunidades autónomas, estas últimas dijeron que ya estaban al límite de su capacidad de gestión de fondos UE. No veían claro este play en Belarra apretó el acelerador para repartir el dinero por su cuenta y riesgo, evitando el trámite de información pública para evitar opiniones contrarias a la adjudicación directa de los fondos, lo cual también va en contra de la Ley General de Subvenciones.