El Supremo asumirá la causa del golpe independentista la próxima semana

El Tribunal Supremo asumirá la causa del golpe catalán la próxima semana, después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya aceptado ceder su instrucción. A partir de ese día, comenzará la cuenta atrás para que los golpistas encarcelados puedan salir en libertad después de haber acatado formalmente el 155.

En su informe al juez del Tribunal Supremo que se encargará del caso, Pablo Llarena, la magistrada destaca la existencia de «un conjunto de personas que han colaborado con la organización y cuya pertenencia o no a ella y/o su grado de colaboración con la misma debe ser objeto de investigación a fin de establecer posibles responsabilidades».

«En este sentido, no cabe descartar una importante colaboración de determinadas personas en la elaboración de las leyes como la convocatoria del referéndum de autodeterminación o la ley de transitoriedad jurídica», precisa el informe, en el que la juez respalda la acumulación en el Supremo de todas las causas abiertas por rebelión.

Lamela ha observado también la intervención de otras personas que han «cooperado y colaborado estrechamente» para poder declarar la independencia desde «distintos escalones y niveles de responsabilidad de la Administración Autonómica».

Cita concretamente «el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra» a los que atribuye haber puesto «su capacidad investigadora e ‘intimidatoria’ al servicio de la organización y de los fines independentistas» y cuya labor «era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum».

Resalta la actitud de la Mossos en distintas movilizaciones sociales impulsadas desde entidades soberanistas, «manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil», evitando intervenir en los casos en los que estos eran agredidos, incluso llegándose a enfrentar a alguno de ellos.

Además hay constancia de que espiaron las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el día del referéndum del 1-O, «alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares».

El brazo diplomático

«No menos relevantes han sido las actividades diplomáticas organizadas a través de las delegaciones que el Gobierno catalán en el exterior», apunta también la juez.

Se refiere fundamentalmente al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), «que si bien se presenta como una suerte de consorcio público-privado, lo cierto es que actúa como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» y que está presidido por el president de la Generalitat, hasta el momento el cesado y huido Carles Puigdemont.

El presidente catalán en Diplocat, prosigue la juez, es el encargado de promover en el exterior acciones tendentes a simpatizar con el proyecto secesionista, «buscando el reconocimiento internacional y la expansión internacional del conflicto».

En esa colaboración con los fines independentistas, Lamela también observa «la actuación desplegada por determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), cuyo apoyo tecnológico ha sido esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración del referéndum».

A todos estos apoyos, se suman «la actuación de los movimientos populares» como el de las entidades Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes se encuentran en prisión desde el 16 de octubre por un delito de sedición y que tenían como objetivo «crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas para propiciar y justificar la desobediencia».

La «organización» secesionista, se sirvió así de la población «alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso».

Por el momento recuerda que están siendo investigados por rebelión o sedición los 14 miembros del Govern cesado, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont; la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Carme Forcadell; el exmayor de los Mossos Josep LLuís Trapero y la intendente Teresa Laplana, y los líderes independentistas conocidos como los «Jordis».

No obstante, Lamela desvela en su informe que tiene abierta una pieza separada secreta en la que acordó el 30 de octubre diligencias que afectaron, entre otras, a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y a los Mossos.