El Supremo acusa al Constitucional de «invadir» sus funciones en el auto del cerrojazo judicial al ‘procés’ con la amnistía total

• María Ruiz
• Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.
• • 20/10/2026 20:04
  • Actualizado: 20/10/2026 21:02

El Tribunal Supremo ha cerrado este martes el capítulo penal más relevante del procés independentista catalán. En un auto de la Sala de lo Penal, el alto tribunal aplica la amnistía total a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, los cuatro líderes condenados en 2019 por el delito de malversación de caudales públicos. Por otra parte, el auto también reprocha al Constitucional de «invadir» sus funciones.

El auto llega después de que el Tribunal Constitucional, el pasado 6 de octubre, estimara el recurso de amparo de Dolors Bassa y ordenara al Supremo aplicar la Ley de Amnistía también a la malversación. Hasta ese momento, la Sala de lo Penal había rechazado el perdón para ese delito al entender que existía un beneficio personal de carácter patrimonial, una de las excepciones contempladas en la norma. El Constitucional anuló aquellos autos y fijó una doctrina que el Supremo se ha visto obligado a asumir en su integridad.

Un día antes, el pasado 19 de octubre, el juez instructor Pablo Llarena había confirmado el levantamiento de las órdenes nacionales de busca y captura contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Con ello, el ex presidente de la Generalitat puede regresar a España sin riesgo de detención inmediata, aunque aún quedan formalismos pendientes para el cierre completo de su causa.

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, quien presidió el juicio del procés, no se limita a acatar el fallo constitucional. Contiene un duro reproche a la corte de garantías. Los magistrados critican la «innecesaria grandilocuencia» del texto redactado bajo la ponencia de Cándido Conde-Pumpido y afirman que esa retórica «revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo». Acusa al Constitucional de injerencia, de no respetar el deber de contención argumental que le impone su propia ley reguladora y de actuar como una instancia revisora que desborda sus funciones.

La Sala de lo Penal, integrada también por Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, subraya que asume la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero considera prescindibles muchas de las consideraciones jurídicas con las que se justificó la decisión.

En la práctica, el auto archiva la ejecutoria penal, ordena la comunicación al Ministerio de Justicia para la eliminación de los antecedentes penales —que también beneficia a otros condenados como Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carme Forcadell y Josep Rull— y pone punto final a la causa que arrancó en 2017 con la querella por el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia.

Nueve años después del procés, los principales condenados recuperan sus derechos políticos y Puigdemont ve despejado el camino para su regreso. Nueve años en los que el Supremo acata, pero deja constancia de que considera que el Constitucional ha invadido sus competencias. El cerrojazo judicial del procés llega, por tanto, con amnistía total y con un varapalo institucional sin precedentes.