Sumar pide actuar contra acusados de terrorismo en el extranjero pero exige impunidad para los CDR

Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz coaligada al PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso para que los jueces españoles persigan a acusados de acciones terroristas en el extranjero, a la par que abanderan la impunidad para los CDR y otros independentistas catalanes que están procesados y pendientes de juicio por actos de terrorismo ligados al procés.

La Audiencia Nacional acaba de enviar a juicio a 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), brazo violento del secesionismo catalán. Además, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado delitos de terrorismo al líder de Tsunami Democràtic, Josep Lluís Alay, al ex president prófugo Carles Puigdemont –clave para la investidura de Pedro Sánchez para otro mandato en La Moncloa–, a la política separatista Marta Rovira y a miembros de la CUP, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural.

Estos procesos judiciales en curso han hecho acelerar las negociaciones para la aprobación de la ley de amnistía que el independentismo exigió como condición –y Sánchez aceptó– para que el líder el PSOE sea investido otra vez presidente del Gobierno. La amnistía negociada no sólo alcanzará al prófugo Puigdemont y a los políticos que en su día fueron condenados por el golpe separatista del otoño de 2017, que tuvo como epicentro el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia. También abarcará, como han exigido los separatistas, a todos aquellos que se enfrenten a causas vinculadas al procés, algo que se ha establecido pensando expresamente en quienes están procesados por la comisión de actos violentos, incluso los que pisan el terreno del tipo penal de terrorismo.

Sumar se ha alineado sin fisuras con esa amnistía. Sin embargo, al mismo tiempo que avala la impunidad para los independentistas catalanes acusados de delitos de terrorismo, ahora exige que los jueces españoles sean investidos de poderes especiales para perseguir a terroristas por acciones cometidas en cualquier parte del mundo, sean o no españoles. Los independentistas catalanes quedarían exentos.

Proposición de ley

Así consta en una proposición de ley que han presentado en el Congreso con el fin de recuperar el principio de «jurisdicción universal» en el sistema jurídico español. Para ello, la proposición pide reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En esta iniciativa legislativa, Sumar llega a decir que los jueces españoles deben perseguir a acusados de actos terroristas cometidos en cualquier lugar del mundo, sean españoles o no los imputados. Lo contrario, dice la proposición de ley de Sumar, es «negar la tutela judicial a las víctimas de estos delitos» y significa «una restricción del derecho a acceder a la jurisdicción reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, así como también un mensaje de impunidad a la comunidad internacional».

Sin embargo, Sumar no considera «impunidad» dejar libre de cualquier culpa, sin juicio que la dirima, a quienes están procesados en estos momentos en España por actos terroristas ligados al separatismo catalán, ni amnistiar al prófugo Puigdemont o a quienes fueron condenados por sedición como cabecillas de la intentona de independencia del otoño de 2017 –penados que a los que Sánchez indultó en 2019 para sacarlos de prisión–.

En la proposición de ley de Sumar se exige que la jurisdicción española «sea competente para conocer de los hechos cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, así como por personas jurídicas residentes y no residentes en territorio español, siempre que dicha responsabilidad esté prevista en la legislación interna, por hechos susceptibles de tipificarse según la ley penal española como», entre otros, el terrorismo. La lista incluye también otros delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la piratería, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual sobre menores de edad o incapaces, el tráfico de drogas, la mutilación genital femenina o la trata de seres humanos.

Cuestiona otros indultos y amnistías

Choca también que Sumar abandere la amnistía para los procesados y condenados por sedición y otros delitos cometidos en el marco del procés independentista y, sin embargo, en esta misma proposición de ley exija que la «jurisdicción universal» que reclaman pueda procesar en España incluso a quienes hayan sido amnistiados o indultados en el extranjero, siempre que se den ciertas condiciones.

Así, Sumar considera que podrán ser juzgados en España los imputados o condenados en el extranjero por terrorismo –entre otros delitos– aunque en el país correspondiente hubieran sido amnistiados o indultados, en el caso de que en la tramitación y concesión de esas amnistías o indultos «no se hubieran respetado los tratados y convenios internacionales suscritos por España».