La Guardia Civil investiga el pago de sobornos en la contrata de basuras de Olot

La Guardia Civil ha registrado esta mañana los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona), en el marco de la operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el pago de sobornos al partido de Artur Mas, CDC.

Los agentes han buscado en estos registros documentación que acreditaría que varias constructoras pagaron donaciones a la Fundación CatDem, vinculada a Convergencia, a cambio de contratos públicos adjudicados por Administraciones gobernadas por este partido.

En el Ayuntamiento de Olot, los agentes de la Policía Judicial han requerido la documentación correspondiente a la concesión del servicio de basuras adjudicada en 2009, ante la sospecha de que la empresa adjudicataria habría pagado una comisión ilegal a CDC.

El contrato fue adjudicado por un canon de 2,5 millones de euros anuales a Urbaser, uno de cuyos directivos fue detenido ayer.

En torno a las diez de la mañana, la Guardia Civil ha registrado las dependencias del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, según ha informado Europa Press. En este caso, las indagaciones estarían encaminadas a probar que CDC cobró comisiones del 3% por las obras de construcción del centro cívico Nexe.

Según ha explicado el actual alcalde, Joan Carles Batanés (elegido por las listas de Gent Fent Poble), esta obra se adjudicó en 2011, cuando el Consistorio era gobernado por CDC por mayoría absoluta.

El Grupo Soler -cuyo responsable ha sido conducido hoy por la Guardia Civil para declarar ante el juez- ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: «Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total», ha explica el actual regidor.

Poco después, «la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC», agregó Joan Carles Batanés. En el despliegue policial de ayer fue detenido el consejero delegado del grupo Soler, Jordi Soler.

La operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), y ha contado con la participación de los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda.