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El Gobierno repartirá hasta dos millones de euros en subvenciones para la «ordenación de los flujos migratorios laborales» de trabajadores inmigrantes que sean «contratados en origen». La intención del Ejecutivo es promover «vías de migración regular, ordenada y segura». Ello, mientras los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan la ineficacia de la política del Gobierno en materia migratoria, con un incremento de las llegadas irregulares.
La convocatoria sufragará el desarrollo de proyectos piloto para la gestión de la contratación colectiva en origen, así como la organización de las contrataciones y los desplazamientos de las personas trabajadoras, o la promoción a la concatenación de campañas de temporada. También se costeará el asesoramiento e información sociolaboral para los inmigrantes «en relación con sus derechos, las condiciones laborales del sector y los servicios de carácter social a que pueden tener derecho» y las sesiones informativas «que complementen los conocimientos y la experiencia» de estos trabajadores.
El Gobierno señala que «estos flujos migratorios presentan características propias respecto de otros movimientos migratorios, que convierten algunas iniciativas como los programas de contratación colectiva en origen en especialmente beneficiosos tanto para la persona que participa en ellos, como para los entornos económicos y sociales en que se desarrolla esta actividad».
Reforma
Precisamente, este lunes entrará en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería, que agilizará los trámites para incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de julio, afectará tanto a inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular como a personas que pueden ser contratadas en su país de origen.
El nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno flexibiliza los trámites para conceder autorizaciones de trabajo y permitirá a inmigrantes sin papeles con dos años en España regularizar su situación si se forman a través del llamado «arraigo para la formación».
Con esta figura, los inmigrantes podrán obtener una autorización provisional de doce meses, prorrogable otros doce, si se comprometen a realizar una formación para el empleo reglada, bien sea un curso universitario, de FP o del servicio público de empleo. Superada la formación, podrá solicitar autorización de residencia y trabajo por dos años, siempre que presente un contrato firmado que garantice el salario mínimo.
Además, se podrán conceder autorizaciones de cuatro años que habilitarán para trabajar un máximo de nueve meses al año en un único sector, supeditadas siempre a que el trabajador retorne a su país de origen. De esta forma, los inmigrantes que acrediten haber cumplido el compromiso de retorno en el periodo de cuatro años, podrán solicitar permiso de residencia y trabajo de dos años.
Aumento
Sin embargo, la cifra de inmigrantes que han llegado de forma ilegal a España entre enero y julio asciende a 16.718, según los datos del Ministerio del Interior. Esto supone una cifra superior en un 3,3% a la del mismo periodo del año anterior.
El aumento se debe principalmente a las llegadas por vía marítima a Canarias y Melilla. Así como a esta ciudad autónoma y a Ceuta a través de la frontera terrestre. En todos estos casos las cifras son superiores a las que se registraron un año antes.
En concreto, las llegadas a Canarias han aumentado un 27,3% en relación a los primeros siete meses del año pasado. Por Melilla, han crecido un 71%, con respecto a 2021. También se ha registrado un notable crecimiento por la frontera terrestre de Ceuta, por donde han cruzado 600 migrantes en lo que va de 2022, mientras que un año antes se habían contabilizado 363. Por el contrario, caen las llegadas marítimas por Ceuta y a través de la costa de Baleares.
Cabe recordar que Pedro Sánchez justificó su cesión histórica a Marruecos con el Sáhara Occidental para contener precisamente la llegada irregular de inmigrantes.
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