España

Sánchez se rinde a Belarra: «Si el resto de socios de Gobierno acepta la ley de alquileres saldrá tal cual»

Las voces que aseguran que el PSOE ha aceptado la presión de Podemos para asumir la ley de alquileres y que, posteriormente, durante la tramitación parlamentaria, adelgazará el texto, no parecen haber entendido el equilibrio real de fuerzas en el Gobierno. Por mucho que el área económica de Pedro Sánchez no tuviera ni idea de que su presidente estaba pactando una norma que desafía por completo a la propiedad y utilización privada de los pisos, lo cierto es que Sánchez ha alcanzado un compromiso firme de aceptación del texto. Tanto, que el mensaje a su gente más cercana es rotundo: «Si el resto de socios de Gobierno aceptan la ley de alquileres saldrá tal cual».

Los propios cuadros socialistas no daban crédito este pasado martes a que Sánchez hubiera cedido para aceptar toda una bomba de relojería y, además, por las exigencias comunistas de Ione Belarra y su gente. La máxima responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, no estaba al corriente. Su principal apoyo ante este tipo de órdagos, José Luis Escrivá, tampoco. La ministra de Hacienda, más de lo mismo. E incluso el ascendente ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mostró estar en fuera de juego nada más anunciarse el pacto de su partido.

Pese a todo ello, la futura norma entrará en funcionamiento si es aceptada por ERC y Bildu –cuestión totalmente segura–, y por PNV –voto que dependerá del conveniente engrase con partidas de gasto dirigidas al País Vasco–.

Propiedad privada

Esta ley supone que a los pequeños propietarios se le puedan congelar por decisión política los precios del alquiler y a los dueños de casas vacías se les aplique un castigo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podrán aplicar los ayuntamientos. Con esta medida abusiva y de inspiración chavista se pretende que los propietarios saquen sus viviendas al mercado para que haya más oferta de alquiler. Y ello, pese a que queda por conocerse aún qué es lo que Podemos y PSOE han establecido, más allá de estos postulados iniciales, como vivienda vacía y si las segundas propiedades serán también castigadas por esta ley.

Todo ello se lo tendrán que comer todos los miembros del Gobierno de Sánchez que no creen en la medida. Y, por supuesto, todos los propietarios de vivienda que compraron sus pisos libres de cargas y ahora se encuentran con un castigo añadido por presión de Podemos y aceptación de Sánchez.

En concreto, este martes se han conocido algunos de los puntos clave de la nueva normativa estatal que prevé la regulación de los precios del alquiler, pero que afectará de manera diferente a los pequeños y grandes propietarios. Este pacto se ha cerrado en el marco de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

El acuerdo pactado entre PSOE y Unidas Podemos establece que, en el caso de los pequeños propietarios, se congelarán por ley los precios del alquiler y se pondrán en marcha incentivos fiscales para así conseguir una reducción del precio del arrendamiento, según informan a este medio fuentes cercanas al Gobierno. Eso sí, también hay castigo: si los pequeños propietarios no congelan o suben los precios perderán 10 puntos de bonificación fiscal sobre los ingresos totales del alquiler.

La nueva Ley de Vivienda define como grandes tenedores a los propietarios que cuenten con diez viviendas o más. Para este grupo se prevé la regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas denominadas tensionadas (aquellas donde más han subido los alquileres en poco tiempo). Además, habrá retirada a grandes tenedores de privilegios fiscales.

De hecho, «los incentivos fiscales quedan ya sólo para pequeños propietarios. Concretamente, se propone establecer una reducción general del 50% del IRPF que puede llegar hasta el 90%, dependiendo de una suma de criterios, acompañados de la rebaja de precios», aseguran dichas fuentes. Antes, esa bonificación era de un mínimo del 60%