Sánchez reformará la Ley del ‘sólo sí es sí’ con una fórmula que le permite ignorar otra vez a los jueces

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 31/01/2023 06:48
  • Actualizado: 31/01/2023 09:10

Cuando ya se han rebajado 322 condenas a agresores sexuales, Pedro Sánchez ha dado un paso para reformar la conocida como Ley del sólo sí es sí. El presidente socialista, que durante meses se ha declarado «orgulloso» de la norma impulsada por Irene Montero, ha instado a su partido a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados que subirá las penas aunque no evitará los beneficios para quienes ya están condenados. La fórmula elegida, una proposición de ley que será registrada de forma «muy inmediata» por el Partido Socialista, permitirá al Gobierno eludir los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. Cabe recordar que ambos organismos se mostraron en su día muy críticos con la Ley del sólo sí es sí y advirtieron de sus riesgos. Avisos que fueron desoídos por el Ejecutivo.

Fueron múltiples las advertencias que, durante la tramitación de la ley, se trasladaron al Gobierno. Tanto por parte de los jueces, como de expertos o comunidades autónomas, como ha ido revelando en exclusiva OKDIARIO a través de varios informes clave que Moncloa ha ocultado al Congreso de los Diputados.

El CGPJ, en concreto, avisó por escrito al Ejecutivo de la posibilidad de una cascada de revisiones a la baja en condenas a agresores sexuales. En su informe, en este caso obligatorio, sobre el anteproyecto de la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se advertía de que Igualdad no ofrecía «una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y que la reducción de los límites máximos de las penas comportaría «la revisión de aquellas condenas» en las que se hubieran impuesto «las penas máximas conformes la regulación vigente». Los vocales lamentaron, rotundos, que la norma podría «tener el efecto de desprotección a las víctimas».

Montero también despreció los avisos de expertos en violencias sexuales, como desveló este periódico. La asociación de mujeres juristas Themis mostró su total «desacuerdo con la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual» y avisó que supondría «una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas».

Moncloa lo sabía

Además, como ha revelado OKDIARIO, Moncloa conocía los riesgos de la rebaja de penas que recogía la ley y reclamó a Igualdad que se modificasen.

«Pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», se trasladó a Montero por parte del Ministerio de la Presidencia.

Desde Moncloa se consideró además que no estaba «justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras» penales.

«Efectos indeseados»

Ahora, sin embargo, el PSOE pretende «cerrar las puertas a los efectos indeseados» de una ley que aprobó siendo Sánchez conocedor de sus riesgos.

La propuesta se basará en un borrador del Ministerio de Justicia que plantea volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración.

En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años en el caso de que no exista penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor. Se trata de una propuesta idéntica a la que el Partido Popular ya registró el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados.

La voluntad del PSOE es «poder presentar un documento conjunto y consensuado y que una vez presentado y registrado cuente con un apoyo mayoritario del resto de partidos políticos». No obstante, Podemos ya ha avanzado su rechazo. El partido morado defiende que la vía para evitar la «preocupación» y la «alarma social» derivada de la reducción de condenas para agresores y violadores se encuentra en el plan formulado por el Ministerio de Igualdad, que entraña por ejemplo que los juzgados de violencia de género se especialicen en los casos de violencia sexual, además de formar a los jueces.