Sánchez no sólo beneficia a los violadores: también rebajará las multas a los terroristas callejeros

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es uno de los objetivos inminentes del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios. Además de los puntos más polémicos, como el que permitirá las manifestaciones no comunicadas, que el Rodea el Congreso no sea delito o la difusión de imágenes de los policías sin autorización, figuran otros acuerdos no menos destacados, como el que obligará a revisar las sanciones anteriores a la modificación de la ley. De nuevo, como ocurre con la ley Montero (o también llamada del ‘sólo sí es sí’) que rebaja la pena y excarcela a violadores y agresores sexuales, el Ejecutivo beneficiará aquí a delincuentes, en este caso, de terrorismo callejero.

Así, una de las enmiendas pactadas en la última ponencia de la Comisión de Interior señala que «los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se regirán por la legislación anterior, salvo que esta ley contenga disposiciones más favorables para el interesado, así como para aquellas infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor y cuyo procedimiento aún no se haya iniciado».

Esto implicará, según fuentes del PP, que «los sancionados se beneficiarán de una norma mucho más favorable, que deja incluso sin castigo determinadas acciones», como las manifestaciones no comunicadas o la grabación y difusión de imágenes de los agentes sin autorización, un punto que genera una enorme preocupación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco serán sancionables el consumo y la tenencia de drogas en la vía pública, que se sustituyen ahora por actividades «reparadoras, reeducativas o de rehabilitación». La sanción por tenencia de droga en lugares públicos pasará de grave a leve.

Cambio de Gobierno

Dejará además de ser delito «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a la sede del Congreso de los Diputados, el Senado y asambleas legislativas de las comunidades autónomas». Tras lo sucedido en Brasil y en Estados Unidos y pese al avanzado dispositivo de seguridad del Congreso, ello no será suficiente para disuadir a los radicales si hay un cambio de Gobierno. En el PP creen que el Ejecutivo de Sánchez y sus aliados quieren dejar listo  el terreno para que las calles sean tomadas con impunidad por radicales de la izquierda tras perder la Moncloa.

Asimismo, con la nueva ley -impulsada por el PNV y enmendada por PSOE y Podemos- se rebajarán las sanciones por protestas no comunicadas en zonas de servicios básicos e inmediaciones. Los menores de edad tampoco serán sancionados, ni aquellos que tengan una capacidad económica limitada, que se determinará «atendiendo a sus circunstancias personales, materiales y sociales». Tampoco será necesario comunicar manifestaciones cuando se trate de «un hecho imprevisto».

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, encallada durante meses en el trámite de enmiendas, se ha reactivado con vistas a tenerla aprobada cuanto antes, esto es, para que llegue al BOE en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

Antes de ello, todavía quedan aún asuntos por abordar que generan desacuerdo entre los socios, como el empleo de material antidisturbios o las devoluciones en caliente. Si bien en las dos últimas reuniones de la ponencia (21 de diciembre y 12 de enero) ha quedado patente la elevada sintonía entre el Gobierno y sus aliados separatistas de ERC y los proetarras de Bildu. La sesión del 12 de enero a puerta cerrada apenas duró una hora y sirvió al PSOE y sus socios para aprobar hasta 29 artículos, quedando ya pendientes únicamente cinco, que se plantearán en la próxima sesión este martes.

«Constatable»

Otro de los asuntos que más preocupan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también ha salido adelante. Se trata de la grabación o difusión de imágenes de los agentes, en la calle o durante manifestaciones, que ya no tendrá castigo, salvo que el uso de este material o de los datos de estos funcionarios suponga un «constatable» peligro para su seguridad y la de sus familias o para la operación. Además, se obligará a que ese riesgo o peligro se «refleje motivadamente».

Tanto la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, frenada por las multitudinarias protestas de policías y guardias civiles, como la aprobación de una ley de Vivienda son las dos grandes cuestiones del pacto de investidura y de las sucesivas negociaciones presupuestarias entre Sánchez y sus socios que todavía no han visto la luz. De ahí las prisas de los socialcomunistas en este tramo final de la legislatura.