Sánchez destina con urgencia 7 millones de fondos UE a un sistema para la acogida de irregulares

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 23/10/2024 06:44
  • Actualizado: 23/10/2024 07:27

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de licitar de urgencia y con cargo a los fondos de la Unión Europea un contrato de 7,1 millones de euros para hacerse con un sistema informático que facilite la gestión de la crisis migratoria, abarcando aquí desde inmigrantes irregulares hasta solicitantes de asilo. Este contrato, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene por objeto la prestación de «servicios de desarrollo para la transformación digital de la atención a los flujos migratorios», según la denominación del expediente, consultado por OKDIARIO.

La ejecución de este contrato dará cumplimiento, según señala el Gobierno, al objetivo 328 del componente 22 que figura en el Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y España, que contiene las normas de funcionamiento financiero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Dicho objetivo habla de «aumentar la capacidad de acogida del sistema de acogida de solicitantes de asilo y solicitantes de protección internacional en los centros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en al menos 5.700 plazas con respecto a 2019».

«La digitalización de los procesos de acogida e inclusión emerge como una imperante necesidad en el ámbito de la asistencia a solicitantes y beneficiarios. La garantía de una información integral, respaldada por itinerarios y actuaciones adecuadamente registradas, constituye el cimiento para asegurar una acogida efectiva, una asistencia adecuada y la protección esencial para la inclusión de aquellos que buscan amparo», sostiene el Gobierno en los pliegos del contrato.

El Ejecutivo hace alusión aquí tanto al Programa de Atención Humanitaria, que está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas que han llegado a España «de manera irregular, bien sea a través de las costas españolas o por acceso a Ceuta y Melilla» y que carecen de «recursos económicos para atender sus necesidades y las de su familia, y no contar con redes sociales y/o familiares». Es Canarias el principal punto de entrada de irregulares que el Gobierno luego traslada a la Península en vuelos chárter.

Además, también se alude en este expediente al Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal (SAPIT), que «ofrece la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal, desde su recepción hasta su baja en el programa».

A la hora de justificar la urgencia de esta contratación, el ministerio que dirige Elma Saiz esgrime que «existe una significada situación de urgencia respecto de este contrato público que impide de facto la tramitación ordinaria del procedimiento por la vía común, pues la tramitación sujeta a los plazos ordinarios haría estéril la celebración del contrato».

Ello se debe, según el Gobierno, «tanto a la actual situación del sistema de acogida (de irregulares) como a la necesidad de ajustarse a los plazos de cumplimiento de objetivos e hitos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto en su planificación como en su ejecución».

El importe de licitación asciende a 7.183.006,54 euros (impuestos incluidos), con un plazo de ejecución de 18 meses a contar desde el próximo 15 de noviembre de 2024 o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuera posterior. Las empresas candidatas tienen hasta el próximo 5 de noviembre para la presentación de sus ofertas. El valor estimado, contando una posible prórroga, se eleva a 9.498.190,47 euros.

Además, los pliegos recogen que este expediente permitirá «el diseño y puesta en marcha de un sistema de información que facilite la asignación de plazas de solicitantes de asilo entre las comunidades autónomas, permitiendo así su participación en el futuro, a medida que se incorporen a la atención a los solicitantes de asilo, tal y como corresponde a sus competencias».

Ley de Extranjería

Precisamente, el pasado lunes se conoció a través de una información de El País que el Gobierno de Sánchez está ultimando un nuevo reglamento de extranjería para cambiar la letra pequeña de la ley actual, reducir los plazos para el acceso a permisos de residencia y facilitar la incorporación al mercado laboral fundamentalmente de decenas de miles de solicitantes de asilo a los que les fue denegada su petición en los últimos años.

Este nuevo reglamento se aprobaría por real decreto, es decir, sin necesidad de pasar por el Parlamento para su convalidación, y se tramitaría al margen de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama regularizar a medio millón de residentes en España y de la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno de Sánchez ha estado negociando con el de Canarias y con el PP para acordar un reparto equitativo de menores extranjeros no acompañados (menas) por las comunidades.

Sobre esto último, si bien continúan las reuniones técnicas entre el Ejecutivo central y el de Fernando Clavijo (CC) para consensuar una fórmula de derivación de esos menores a las distintas autonomías, el Partido Popular rechaza volver a sentarse con el Gobierno de Sánchez si no cumple con dos condiciones: activar la ayuda de Frontex (como permitir que los aviones de la agencia europea sobrevuelen la isla de El Hierro para disuadir a las mafias que trafican con irregulares) y abrirse al programa de la UE para el reparto de menas también entre los Estados miembros.