Sánchez denuncia la «tecnocasta» pero pagó 600.000 € para desmovilizar el voto al PP y Vox en las redes

Las grandes tecnológicas de Silicon Valley han cambiado de tercio y ahora se pliegan ante el recién investido Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Un giro que ha cogido a la izquierda por sorpresa y que ya ha calado en sus discursos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha lanzado al ataque contra el «líder de la internacional ultraderechista», en referencia a Elon Musk, propietario de la red social X. Dice de él que «amaña algoritmos» para ganar elecciones. Y mete en el saco a otras empresas como Meta (WhatsApp, Instagram y Facebook) o a Google, a las que ha denominado «tecnocasta». Todo pese a que el mismo PSOE contrató a una empresa que seccionaba audiencias en redes sociales para desmovilizar políticamente a colectivos concretos, con categorías como «pijos». Pagó 600.000 euros por ese servicio y fue investigado por un posible delito de protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación en 2024 al PSOE tras conocer que había contratado por ese montante a la empresa Tyrceo SL, con el objetivo de difundir mensajes electorales en redes sociales en el marco de la campaña por las generales de 2023.

La AEPD investigo la «posible utilización por el Partido Político Socialista Obrero Español de una herramienta tecnológica que permite identificar segmentos concretos de la población con fines electorales». La segmentación era tan minuciosa que podría suponer una intromisión en la intimidad. Lo hacía a través de una herramienta llamada Tesela, que «permite hipersegmentar a los destinatarios de la publicidad y hace que la comunicación sea más eficaz, destinando vídeos de 10 y 15 segundos sobre temáticas específicas».

La empresa, propiedad del gurú de campañas de desmovilización del voto Aleix Sanmartín, se lanzó por encargo del PSOE a identificar con este sistema -que analiza perfiles de redes sociales- a personas de un determinado municipio, rango de edad, nivel de ingresos u origen que encajaran en categorías como «pijos», «amantes de los animales», «moteros» o «fitness».

Así, sus mensajes y vídeos se mostraban en redes como X de Musk o Instagram sólo a esas personas catalogadas como tal. El objetivo, desmovilizar a ciertos nichos de electores para que no voten a partidos rivales.

Finalmente, la Agencia Española de Protección de Datos (entidad pública con la condición jurídica de autoridad administrativa independiente) determinó que «al no haber sido posible atribuir la responsabilidad por el tratamiento de datos personales de manera que sea posible identificar de manera individualizada a cada persona», procedía al archivo de la investigación. Una decisión que fue polémica a ojos de expertos en protección de datos, que consideraron que con los datos obtenidos de cada perfil era fácil localizar a la persona concreta a la que se enviaba el mensaje del PSOE en redes.

«Tecnocasta»

Pedro Sánchez ha cargado este pasado lunes contra la «tecnocasta» de Estados Unidos, a la que ha culpado de controlar el debate público, pocas horas antes de la toma de posesión de Donald Trump. «Está tratando de usar su poder sobre las redes sociales para controlar el debate público. Ante esto tenemos que rebelarnos. La democracia no es un euro un voto, no es un tuit un voto», ha afirmado el presidente del Gobierno. Así, Sánchez ha hecho un llamamiento este lunes para que Europa se «rebele contra la ‘tecnocasta’» de Sillicon Valley, en referencia a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que a su juicio están utilizando su poder «omnímodo» sobre las redes sociales para controlar el debate público.

Unas horas antes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Sánchez ha lanzado este mensaje alertando ante los gigantes tecnológicos, que se han alineado con el nuevo dirigente norteamericano y considera que el continente europeo debe plantear una alternativa para «defender la democracia». «La democracia es una persona un voto y, por tanto, Europa debe plantar cara y defender la democracia», ha remarcado en un acto sobre Inteligencia Artificial, donde también ha advertido de que las tecnologías por sí solas no generan prosperidad, sino que tienden a reforzar el statu quo y hacen más poderosos y ricos a quienes ya lo son.

Un ataque sobre la confluencia de opiniones en redes sociales con la que el líder del Ejecutivo justifica una de las medidas estrella de su autodenominado Plan de Acción por la Democracia: extender la obligación de rectificar su contenido a aquellos usuarios que tengan más de 100.000 usuarios en estas plataformas. Concretamente, el Gobierno enviará ante el juez a los españoles con más de 100.000 seguidores en redes sociales que difundan lo que considere noticias falsas o bulos.

El nuevo anteproyecto de ley para regular el derecho de rectificación, amplía este derecho, que ya no sólo afectará a los medios de comunicación, sino también a los «usuarios relevantes» en redes sociales. La ofensiva del Gobierno contra los supuestos bulos que comenzó el pasado mes de abril, cuando Sánchez se fue a reflexionar cinco días bajo el pretexto del «acoso y derribo» al que estaba siendo sometido por los medios que publicaban informaciones veraces sobre Begoña Gómez, ahora imputada por cuatro delitos.

Este cambio normativo tiene una especial relevancia, dado que el férreo control que el Gobierno quiere ejercer sobre los medios de comunicación, se extiende ahora a ciudadanos particulares que expresan opiniones en sus cuentas de redes sociales. Así, se obligará a rectificar a los «usuarios de especial relevancia», es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas.