Sánchez ‘compra’ los votos del PNV y PRC con beneficios fiscales y el pago de deuda ‘histórica’
El presidente en funciones se reunirá con ambas formaciones esta semana, antes de hacerlo con Podemos, imprescindible para su investidura.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viajará este miércoles a Santander a la búsqueda de los apoyos a su investidura del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y posteriormente hará lo mismo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Pese a la irrelevancia del partido cántabro en el Congreso, Sánchez les visitará a domicilio, con una oferta difícil de rechazar bajo el brazo: infraestructuras, beneficios fiscales y el pago de la deuda ‘histórica’. Inicialmente también se iba a ver con el PNV en su sede de Bilbao, pero lo más probable es que Andoni Ortuzar acabe viajando a Madrid y se reúnan en Ferraz.
La cuestión de las obras públicas es una reivindicación histórica de estas comunidades autónomas. Hace años que las dos regiones del norte piden más inversión al Gobierno, sobretodo en el sector ferroviario. El compromiso con el cumplimiento de los plazos de la conexión en AVE de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Santander con Madrid, que el ministro en Fomento en funciones José Luis Ábalos aseguró que estaría lista en 2024, será una de las promesas del candidato socialista.
En Cantabria, Sánchez también contentará al presidente, Miguel Ángel Revilla, con el reconocimiento de la deuda ‘histórica’ del hospital de Valdecillas que el dirigente regional cifra en 121 millones de euros. El presidente en funciones pondrá fecha para la devolución de ese dinero, que el Ejecutivo cántabro avanzó en la construcción de este centro sanitario.
Con los nacionalistas vascos, el líder del PSOE cederá en materia fiscal y competencial. Los socialistas mantendrán una factura inferior al precio calculado por los servicios no transferidos que el Gobierno vasco debe pagar al Estado. En esta cuestión hay discrepancias entre ambas administraciones, ya que los vascos creen que deberían pagar casi el 50% menos de lo que calcula el Gobierno central, unos 850 millones respeto los 1.600 que cifra Moncloa. El Gobierno no exigirá mucho más de los 1.200 millones del último año, para no enrarecer las relaciones con el PNV.
En el encuentro con Ortuzar, Sánchez también pondrá fecha definitiva, que podría ser antes de finalizar el año según fuentes cercanas al Presidente, para transferir al País Vasco las competencias en materia de políticas penitenciarias. Además se comprometerá a transferir al ejecutivo de Urkullu, antes de acabar el 2019, la gestión de la formación sanitaria especializada, la acreditación de plazas y centros, la legislación en productos farmacéuticos, el control sanitario de las bajas e incapacidades laborales y sanidad exterior.
Aunque gran parte de estas materias están relacionadas con la Seguridad Social, el PSOE no tiene previsto ceder la gestión integral de la protección social al ejecutivo de Iñigo Urkullu, que de tendría así el control absoluto de la Seguridad Social vasca y con él acceso a una serie de datos imprescindibles para avanzar hacía la secesión de Euskadi.
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