España
Corrupción

Sánchez cae en el ránking mundial que mide el esfuerzo de los gobiernos contra la corrupción

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La Junta de Andalucía ve «difícil» recuperar los 680 millones defraudados por el socialismo

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La organización Transparency International (IT) -única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, reuniendo a la sociedad civil, sector privado y gobiernos- acaba de hacer público su informe Exporting Corruption 2022 que analiza los esfuerzos de los países contra la corrupción y en el que rebaja la posición de España en ese ámbito.

El informe de Transparencia Internacional desciende a España en su rango de implementación de medidas contra la corrupción de moderada a limitada, cuando países como Letonia y Perú han subido de nivel.

Así, según IT, el deterioro de la lucha contra la corrupción en España, supuestamente la misma que originó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 y que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno,»ha dado marcha atrás en su moderado avance» sobre los datos del estudio de la organización internacional de 2020.

El problema de Pedro Sánchez con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción no es nuevo. Ya el pasado 27 de enero la Comisión Europea abrió expediente a España por no haber traspuesto la llamada directiva  Whistleblowing, dirigida a proteger a los denunciantes de hechos de corrupción en los ámbitos público y privado, después de haberse agotado cumplidamente el plazo establecido para hacerlo. Finalmente, el Gobierno envió a las Cortes Generales el proyecto de ley que le requería la Unión Europea el pasado 13 de septiembre, casi un año después del límite establecido por la Comisión.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  ha informado que el 82,6% de las sentencias dictadas por delitos de corrupción durante el segundo trimestre de 2022 fueron condenatorias.

Entre los casos más relevantes se encuentra la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia de culpabilidad a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida y lograron defraudar 680 millones de euros mediante un sistema que la Audiencia de Sevilla calificó de «fraudulento» e «ilegal» y que provocó un «descontrol absoluto» sobre los fondos distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social». 

Ante la intención del Gobierno de indultar a los implicados en este destacado caso de corrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este martes que «cualquier indulto debe entenderse como una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional y hay que tener mucho cuidado en su concesión», incidiendo en que «debe ser algo excepcional» y que sea «compartido por la generalidad de la sociedad, pero nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia».

Transparency International lleva desde 2009 realizando un seguimiento independiente de los avances de los principales países comerciales en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. Los informes bienales de la organización califican a los países en función de su desempeño en las diferentes etapas de la implementación de la Convención -desde el número de investigaciones iniciadas y cargos presentados, hasta los casos concluidos con sanciones- durante un período de cuatro años.