Ribó adjudicó 60.500€ a dedo para un ‘estudio’ a la empresa de una ex diputada de IU

El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado un estudio en un procedimiento negociado sin publicidad a una empresa de la que forma parte la ex diputada catalana Dolors Clavell de ICV-EUiA (IU en Cataluña). Le han encargado el ‘Plan estratégico de vivienda para la ciudad de Valencia’ por 60.500 euros, IVA incluido. Clavell es una de las tres socias de esta empresa, que cuenta con otras dos personas vinculada a IU y Podemos.

El Consistorio que lidera Joan Ribó (Compromís) firmó este acuerdo en la Junta de Gobierno Local en agosto de 2016, como ha podido saber OKDIARIO. La concejal de quien depende las competencias de vivienda en la actual corporación valenciana es María Oliver de Valencia en Comú (Podemos). ICV-EUiA es la marca catalana de IU y ahora está integrada con Podemos en Catalunya Sí que es Pot y En Comú Podem.

En esta adjudicación sin publicidad invitaron a participar a cinco entidades (dos uniones temporales de empresas, dos individuos a título personal y uno más que no se presentó). Finalmente, la UTE en la que participa la diputada regional catalana fue la que obtuvo el contrato por tener la oferta más barata y la metodología que más gustaba al Gobierno local.

En esta UTE (unión temporal de empresas), además de la antigua diputada por de ICV- EUiA, están dos personas que también están vinculadas a las filas del partido que gobierna. Iker San Román, que ha sido cargo público con IU, por ejemplo, como director del área de ciudad sostenible en Rivas Vaciamadrid, feudo histórico de ese partido, y Max Gigling que también en redes sociales aparece vinculado con cargos de Podemos y sus confluencias.

No se trata del primer contrato que esta diputada recibe de la administración valenciana sin que haya una licitación abierta a cualquier entidad. La Generalitat que gobierna PSOE y Compromís también ha acudido a los servicios de esta política catalana en lugar de trabajar con técnicos expertos en la materia o funcionarios, como pedía el Partido Popular. Entonces era un trabajo para el desarrollo de la Ley de Vivienda.

El Consell de la Generalitat adjudicó a el ‘Análisis prospectivo de las necesidades del futuro marco regulador de la vivienda’, una adjudicación que se ajustó al límite del contrato menor, es decir, 17.800 euros (21.538 euros con IVA). Cuatro meses antes también fue contratada por la Junta de Castilla – La Mancha donde gobierna el PSOE gracias a un pacto con Podemos.