Ribera rechaza gestionar una presa clave para evitar riadas en Valencia y contrata una empresa privada

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 12/11/2024 06:45
  • Actualizado: 12/11/2024 13:49

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, se ha negado reiteradamente desde 2014, fecha en la que se acabó de construir, a recepcionar la presa de Terrateig y, de esta forma, gestionar la infraestructura. Esta presa se construyó por licitación de Acuamed, empresa pública dependiente también de Ribera, después de las graves riadas en Gandía en 1987, donde murieron dos personas y hubo cientos de desaparecidos.

Ante la negativa de la Confederación, Acuamed ha tenido que contratar por 150.000 euros anuales a una empresa privada, Typsa, para gestionar una presa que es clave para evitar nuevas riadas en la zona de Gandía, regada por el río Serpis.

«La Confederación Hidrográfica se ha negado a recepcionar la obra -aceptar la infraestructura del contratista y darla por finalizada- y gestionarla pese a que desde Acuamed se le enviaron varias cartas pidiendo que lo hiciera. Acuamed no tiene experiencia en gestión de presas, ni en gestión de riadas, ni está conectada al sistema de información hidrológica (SAIH). Eso lo hace la Confederación Hidrográfica y es su responsabilidad. Así que a partir de 2017 empezaron a contar con Typsa para hacerlo, y encima el director del Plan de Emergencia de la presa no vive en Gandía ni en Valencia», señalan fuentes del sector.

«Es una infraestructura clave para evitar riadas en la zona de Gandía, donde ya hubo una en noviembre de 1987. A partir de ahí se diseñó la construcción de esta presa de laminación de avenidas, algo que no se ha hecho todavía en la zona del barranco del Poyo y ha tenido las consecuencias que ha tenido. La presa de Terrateig es la respuesta de los gobiernos a las inundaciones de 1987 de Gandía, y si hubiera otra DANA por la zona, esta presa ayudaría a evitar riadas en las ciudades. Pero no la gestiona la Confederación, como es su responsabilidad, sino que se ha tenido que quedar con ella Acuamed que tiene que gastar dinero público para contratar a Typsa», explican estas fuentes.

La presa de Terrateig fue una de las actuaciones en la zona incluidas en el Plan Hidrológico Nacional en 2001 y confirmada posteriormente en junio de 2004 para enfrentar a las riadas de Gandía. La obra finalizó en 2013, con un coste de 20 millones de euros. Acuamed tardó un año en recepcionar la infraestructura, algo que no hizo hasta 2014 -lo que le costó casi 400.000 euros en un arbitraje con la constructora-.

Desde entonces, Acuamed ha escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar en varias ocasiones para que se quedara con la infraestructura y la gestionara, cosa que no ha hecho. Por eso, a partir de 2017 el presidente de Acuamed, Francisco Baratech, nombrado en época del PP pero todavía hoy al mando de la empresa pública tras seis años de Gobierno intervencionista del PSOE, contrató a Typsa, una empresa privada. Ribera se encontró esta situación en 2018 y, seis años después, sigue igual.

«Las presas no las gestiona Acuamed, las gestiona la Confederación. Acuamed no tiene personal cualificado para ello. Ahora nos cuesta dinero público porque la gestiona una empresa privada cuyo director del Plan de Emergencia no vive en la zona», señalan estas fuentes.

Ribera es la ministra de Transición Ecológica desde 2018 y actual candidata a comisaria de Competencia. Las dos empresas dependen de su ministerio pero el encargado de la seguridad de las presas es la Confederación. Este martes Ribera se somete al examen del Parlamento Europeo para decidir sobre su idoneidad para la vicepresidencia europea que le ha ofrecido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En la zona de Terrateig y Gandía se hicieron las obras para defenderse de una riada. Se trata de obras similares a las que estaban previstas en la zona del barranco del Poyo y que llevan años en un cajón del ministerio de Ribera pese al riesgo de inundaciones. De hecho, y sirva como dato histórico para la reflexión, ya en 1795 el científico Antonio José de Cavanilles se hacía eco de las muertes que provocó en 1775 una riada en la misma zona en su libro Observaciones sobre la historia natural del Reino de Valencia: «Asoló un número considerable de edificios, esparciendo por más de dos leguas los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte».