El PNV escenifica el rechazo a los presupuestos del Estado en plena ofensiva de Rajoy contra el 1-O
La decisión del PNV de retrasar la negociación a fondo de los Presupuestos en respuesta a la situación en Cataluña tiene dos consecuencias: Hacienda ha aplazado una semana la presentación de las cuentas en el Consejo de Ministros y ha puesto en el punto de mira la futura negociación entre el Gobierno vasco y central sobre las competencias aún pendientes. Este, un anhelo del propio lehendakari, parece prevalecer sin embargo sobre cualquier obstáculo que pueda ponerse en el Congreso.
El aplazamiento del calendario es un respiro para el Gobierno, pero también para el propio PNV. El portavoz parlamentario de la formación, Aitor Esteban, aseguró este miércoles que la negociación, ante la crisis catalana, no es ahora una prioridad. Días antes ya había advertido con bloquearla si el Gobierno respondía de manera «exacerbada» en Cataluña. El portavoz no aclaró a qué se refería exactamente con el calificativo, pero se presumió un rechazo a hablar sobre las cuentas y a reeditar el apoyo de las ahora vigentes. Desde Hacienda, en cambio, se confirman contactos y se asegura que las relaciones con la administración vasca son «fluidas».
El matiz -administración vasca- es importante, porque las relaciones con el gabinete de Urkullu sí son solventes. El Ejecutivo de Rajoy trata así de agotar los plazos que establece la Constitución para presentar los Presupuestos y que le dan un margen hasta la semana posterior al hipotético referéndum catalán. De este modo, y de paso, se evita poner a los peneuvistas en el compromiso de posicionarse con el Gobierno, y mantener un perfil crítico con su política ante el desafío separatista, en vistas electorales. Montoro llevará los Presupuestos al Congreso el 3 o 4 de octubre.
En paralelo, el gobierno vasco aspira a negociar con Moncloa la transferencia de las 37 competencias pendientes según el Estatuto de Guernika. Las prioridades siguen siendo las mismas: Seguridad Social y prisiones. Dos asuntos que, en fuentes del grupo parlamentario del PP, se desvinculan de los Presupuestos, y que se enmarcan en las relaciones entre ambas administraciones. El Gobierno vasco ha elaborado un informe sobre el tema que será trasladado en los próximos días a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pieza clave en esas relaciones.
El Gobierno confía en el perfil del lehendakari que, hace unos días, consideró que el referéndum ilegal no tiene las «garantías debidas». Urkullu, aunque critica la actuación del Ejecutivo, resta a la vez cualquier legitimidad al 1-O. Este mismo jueves, en el Debate de Política General en el Parlamento Vasco, instó a Rajoy a buscar una «solución negociada» al conflicto separatista. Aunque esa vía no entra en ninguna forma en los planes del Ejecutivo, sí demuestra las distancias que Urkullu marca con los independentistas.
Ni al PNV ni al Gobierno vasco-en su intento de una mayor dosis de autogobierno-le interesa torpedear las relaciones con Rajoy. «Y si no hay Presupuestos, habrá elecciones, que nadie quiere», dicen en fuentes del PP vasco. Cabe recordar, además, que el plan quinquenal del Cupo tiene vigencia hasta 2021, con lo que interesa mantener la relación a resguardo y asegurar la mayor estabilidad posible en el país.
Los peneuvistas lograron un jugoso beneficio de sus negociaciones para los Presupuestos de 2017, como una compensación 1.400 millones (el Gobierno vasco reclamaba 1.600) por discrepancias desde 2007 en el Cupo. El acuerdo generó satisfacción en el gabinete de Urkullu. Y ahora, se intentará hacer lo mismo. El ministro de Hacienda empleará los próximos días en atar en corto a los peneuvistas, para llevar las cuentas al Congreso con todos los apoyos cerrados.
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