Rato pide al juez un ultimátum a Antifraude para que presente el informe sobre su fortuna

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido al juez que investiga el origen de su fortuna que dé un ultimátum de 10 días a la Oficina Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que presente su informe final tras un año y medio de instrucción con todos sus bienes embargados.

En un escrito, Rato recuerda que ya el pasado 5 de agosto el titular del juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, requirió a la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, su informe definitivo «sin ulterior dilación».

Con esta omisión, se limita «de manera constante y reiterada» el derecho a la defensa de Rato, que no conoce «la posición definitiva de una Oficina que lleva trabajando en el presente caso un año y siete meses», señala el documento.

Rato recuerda que la ONIF «ha desobedecido» de forma reiterada las peticiones del juez, al eludir la presentación de sus conclusiones «sin haber ofrecido una explicación razonable al respecto».

En vez de facilitar las cifras definitivas que habrían sido presuntamente defraudadas, la ONIF se ha dedicado a aportar «nuevos informes que se alejan de su denuncia inicial.

Antifraude alega «la cantidad de documentación a revisar»

Ya en noviembre de 2015, recuerda el escrito, el juez instó a Antifraude -«dado el tiempo que obra en poder de esa Oficina toda la documentación sobre la que han de elaborarse los informes»-, a que «en el improrrogable plazo de quince días» procediera a entregar el documento definitivo.

Hasta siete informes diferentes ha elaborado la ONIF con la información incautada en el domicilio y en el despacho de Rato en abril de 2015, pero sólo dos de ellos tienen relación directa con la causa, mientras que el resto «evitan el objeto inicial de su denuncia y tratan de expandir la investigación».

El pasado marzo, Rato presentó una prueba pericial para demostrar que la denuncia inicial, que dio lugar a su detención, se basaba en hechos que han resultado falsos (alzamiento de bienes) o en acusaciones tributarias infundadas pese a estar las pruebas de ello en poder de Hacienda.

Entre los argumentos de la ONIF para dilatar la presentación de su informe, destaca «la cantidad de documentación que debe revisar», ante lo que Rato recuerda que esa información confiscada «de forma abusiva, excesiva y expansiva» debe serle devuelta y que su incautación «no estaba amparada por el auto de entrada y registro y (…) no puede ni debe tener relación con la causa».