Puig otorga ‘a dedo’ al cuñado de Artur Mas la informática del hospital de Alcira tras desprivatizarlo
Ximo Puig se cargará por ley las concesiones sanitarias a pesar del ahorro y la calidad del servicio
El juez del 1-O investiga a la empresa del cuñado de Artur Mas que cobró 400 millones de la Generalitat
El gobierno de la Comunidad Valenciana ha adjudicado ‘a dedo’ el contrato para la adaptación informática del hospital público de Alcira a una empresa del cuñado de Artur Mas investigada por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O y en la creación del ‘CNI catalán’. La concesión se habría producido sin el preceptivo concurso público.
La adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de la Generalitat que dirigen PSPV-PSOE y Compromís se produce en el marco del proceso de reversión puesto en marcha por socialistas y nacionalistas para acabar con cualquier vestigio de gestión privada en los hospitales públicos.
Una empresa vinculada al ‘CNI catalán’
El gobierno valenciano corría el riesgo de un apagón informático en el hospital de Alcira. Los dominios pertenecían a la concesionaria, el sistema era incompatible con el programa Orion que utilizan el resto de los hospitales públicos, y dejaría de funcionar automáticamente cuando ésta perdiera la gestión, el pasado 1 de abril. Microsoft había avisado de que no prolongaría un solo día el servicio sin contrato de por medio.
Sin tiempo para convocar ya un concurso público, la Consejería de Sanidad ha adjudicado directamente el servicio a Seidor S.A., una compañía tecnológica cuyo consultor y jefe de proyectos es Joan Antoni Rakosnik, el hermano de la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, al que la Guardia Civil investigó por su papel en la creación de un ‘CNI catalán’. El cuñado de Mas entró en la empresa en octubre de 2008, y dos años después, con él ya en la presidencia de la Generalitat, los contratos de la Administración catalana con el grupo Seidor se dispararon, hasta superar la cifra de 400 millones de euros entre 2010 y 2015.
Casi 50 millones por el 1-O
Buena parte de estos contratos se adjudicaron a través del CTTI de la Generalitat, que realizó el escrutinio del referéndum ilegal de independencia del 9-N (bajo la presidencia de Mas) y que bajo la presidencia de Puigdemont gestionó el voto electrónico en la consulta ilegal del 1-O. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barclona investiga actualmente nueve de esos contratos detectados a Rakosnik por la Guardia Civil y que superan los 48 millones de euros.
La Consejería ha confirmado a OKDIARIO la adjudicación del gobierno de Puig y Oltra a la empresa del cuñado de Artur Mas:»Se ha contratado con Seidor S.A. el mantenimiento de las licencias hasta la entrada en vigor del nuevo contrato global de licencias para todos los centros públicos de la Conselleria de Sanidad», reconocen. Una concesión ‘a dedo’ que llega tras la no renovación del contrato que mantenía Ribera Salud (una UTE integrada por Adeslas, Dragados y Lubasa) tras 15 años de gestión privada.
Pese a que en este tiempo el centro hospitalario de Alcira se ha convertido en un ejemplo de eficiencia, la no renovación ha sido presentada por la consejera de Sanidad , Carmen Montón, como «el principio del fin del modelo de privatización de la sanidad del PP» .
Alto riesgo sanitario
El hospital de La Ribera en Alcira fue el primero del modelo de concesión público-privada que se abrió en España. La precipitada adjudicación para la gestión del sistema informático que ha realizado el gobierno valenciano puede, además, suponer un «alto riesgo sanitario» para la población, según ha advertido la empresa concesionaria desde 2003. Un informe pericial de Ribera Salud alerta del previsible «colapso» en la atención a los pacientes que puede producirse por la premura de la adjudicación sin contar con un nuevo sistema informático (el que instalará Seidor S.A.).
Según ese informe, el no haber puesto en marcha aún la ‘migración de sistema’ puede poner en peligro la seguridad de los pacientes, los sistemas de telefonía, las comunicaciones, los datos y afectar al aprovisionamiento de bienes, suministros y servicios del hospital. Además, con ese tipo de modelo de sanidad se habría ahorrado un 24,6 % de dinero público entre 2009 y 2005 (a razón de 42,5 millones de euros anuales) tal y como ha señalado una auditoría de la Sindicatura de Cuentas.
El de la Ribera fue el primer gran hospital en aplicar ese modelo mixto de gestión, al que luego se sumaron otros cuatro: los hospitales de Denia, Torrevieja, Manises y Elche, cuyas concesiones terminan en 2021, 2024 y 2025 respectivamente.
El diputado del PP, José Juan Zaplana, ha preguntado por esta adjudicación sin concurso público en el pleno de las Cortes valencianas celebrado este jueves. Los populares denuncian que, con esta decisión, la Generalitat renuncia además a mantener el Hospital de Alcira como «un hospital de referencia», y piden «blindar la cartera de servicios y la calidad asistencial» y asegurar así que «los ciudadanos no vean mermados sus derechos sanitarios con el cambio de modelo». Un cambio del que se beneficiará la empresa informática del procesado expresidente de la Generalitat de Cataluña.
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