Puig y Oltra resucitan la TV valenciana con un presupuesto disparatado y contratos bajo sospecha

El gobierno valenciano de Ximo Puig (PSOE) y Mónica Oltra (Compromís) atraviesa problemas de financiación, pero no está dispuesto a renunciar a una televisión pública. La nueva cadena se levantará sobre los cimientos de la clausurada Canal 9, ha sido bautizada como À Punt y, sin haberse puesto aún en marcha, disfruta ya de mayor presupuesto que nueve de las 13 emisoras autonómicas que hay en España.

La nueva televisión valenciana puede alcanzar un gasto anual de 120 millones de euros, según su ley de creación. Canal 9 arrancó en 1995, bajo el mandato del socialista Joan Lerma, con un gasto cinco veces menor, pese a contar entonces con 700 trabajadores, un 20% más de los que reunirá À Punt.

La oposición del Partido Popular entiende que “puesto que en aquella época había que empezar de cero en cuanto a infraestructura y equipos, el gasto de À Punt sólo se explica por el incremento del gasto de personal”. Desde la dirección de la televisión valenciana se alega que gran parte del material audiovisual está obsoleto e inutilizable tras el tiempo transcurrido desde que cerró Canal 9, hace cuatro años.

Lo cierto es que es el gasto de personal y su contratación es lo que está levantando más polémica. Sin haber entrado aún en funcionamiento, À Punt es, después de la andaluza Canal Sur y la catalana TV3, la televisión autonómica que más porcentaje del presupuesto dedica a pagar los salarios de su plantilla.

En 2017, À Punt gastará 22 de sus 50 millones de presupuesto en gasto de personal. Es decir, casi uno de cada dos euros. El PP compara estos gastos con los de Telemadrid, “que teniendo 350 empleados, destina 13 millones a personal, el 15% de su presupuesto, y no el 50%”. Las cosas no mejorarán en 2018. Según el presupuesto presentado, À Punt prevé 55 millones de gastos y apenas cuatro de ingresos.

Denuncia de concurso amañado

El gasto de personal está, además, envuelto en la polémica de las contrataciones. La designación de Empar Marco, ex corresponsal de TV3, como directora de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación está impugnada por Pere Valenciano, director de El Periódico de Aquí, que consideró el concurso amañado porque la convocatoria no establecía puntuación para los requisitos y méritos, baremo que se estableció 10 días después de finalizar el plazo para presentar los proyectos.

Pero han sido los propios periodistas valencianos los que han tomado la iniciativa para denunciar cómo el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de comunicación se ha elaborado excluyendo a las dos asociaciones mayoritarias: la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante.

Especialmente polémicas están siendo las contrataciones de los periodistas de À Punt. Las bolsas temporales para ocupar las jefaturas están copadas por ex trabajadores de la antigua radiotelevisión autonómica. Y algunos de ellos no sólo mantienen ese vínculo con el extinto ente, sino que además guardan una estrecha relación con los partidos políticos que gobiernan en la Generalitat, PSPV y Compromís.

Es el caso de Carlos López Olano, que fue editor de informativos en Canal 9 y es marido de la directora general de Cultura, Carmen Amoraga. También el de Josep Lluis Grau Giménez, asesor de la consejería de Hacienda y periodista por oposición de la antigua televisión valenciana. En situación similar a la de Grau está Alfred Costa Folgado, hoy segundo teniente de alcalde y concejal de Transparencia del PSPV en el Ayuntamiento de Torrent.