El puerto de Pasajes contrata como policía portuario a un condenado por colaborar con ETA en un asesinato
Pasajes pertenece a la sociedad pública Puertos del Estado, dependiente de Fomento, aunque el presidente tiene autonomía de gestión y lo nombra el lehendakari Iñigo Urkullu.
Cobra unos 30.000 euros anuales y, entre otras funciones, controla los accesos a la zona portuaria y sus instalaciones.
El Puerto de Pasajes, en Guipúzcoa, ha contratado como miembro de la Policía Portuaria a Alfonso Castro Sarriegi, condenado por la justicia a 18 años de cárcel por colaborar con ETA en el asesinato de un vecino de Rentería el 8 de junio de 1991. Más tarde, en 1998, fue condenado a otros 10 años de prisión por participar en el secuestro del empresario José María Aldaya –mientras era policía municipal de Rentería–. Además, fue condenado a 66 años de cárcel por pertenencia a banda armada, ya que formó parte del comando Ipar Haizea, satélite del comando Donosti. Castro Sarriegi pasó 24 años en la cárcel y fue puesto en libertad en marzo de 2015.
Castro Sarriegi pasó las pruebas del concurso-oposición para cubrir la Bolsa de Trabajo de Policía Portuario (Grupo 3, Banda 2, Nivel 5) en febrero de 2017, que posteriormente renovó en agosto de 2018. Desde principios de este año ha sido contratado definitivamente para formar parte de la Policía Portuaria del cuerpo, según fuentes internas conocedoras de la situación. En estos momentos se encuentra como interino, pero las fuentes citadas aseguran que tiene intención de presentarse a una de las dos plazas fijas que van a salir «en los próximos meses».
Como miembro de la Policía Portuaria de Pasajes cobrará en torno a los 30.000 euros anuales, según las fuentes consultadas a partir del convenio colectivo de la compañía. Este organismo pertenece a la sociedad pública Puertos del Estado, aunque tiene autonomía de gestión y a su primer ejecutivo lo nombra el presidente de la comunidad correspondiente, en este caso, el lehendakari Iñigo Urkullu.
Castro Sarriegi consiguió entrar en la Bolsa de Trabajo de este puerto en 2017 y renovó en 2018 –lo que da prioridad para las contrataciones en caso de alguna necesidad–. El primer Tribunal Calificador, de febrero de 2017, le otorgó 54 puntos sobre 60 en conocimiento, 10 puntos en euskera, 7,87 en psicotécnico, 10 puntos sobre 10 en Experiencia y 1 punto sobre 10 en Formación. En total, el condenado por colaborar con ETA quedó en segundo lugar con 82,87 puntos sobre 100, de un total de 40 seleccionados.
Con el segundo Tribunal Calificador, en febrero de 2018 (como se ve en la imagen –se han tachado los números de DNI–), Castro Sarriegi ocupó la primera posición con 87,65 puntos al mejorar en un punto el examen de conocimientos, en casi dos puntos el psicotécnico y en dos puntos la formación.
Según la legislación, para formar parte de la Policía Portuaria en cualquier puerto del país sólo es necesario ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, carnet de conducir, medir más de 1,65 metros y ser Graduado en Educación Secundaria. Carecer de antecedentes penales no forma parte de esos requisitos.
Actualmente, como miembro de la Policía Portuaria del puerto de Pasajes, Castro Sarriegi desarrolla las funciones de controlar y vigilar las actividades en las instalaciones y el cumplimiento de la ley en las operaciones con mercancías, además de controlar quién accede al inmueble y a las zonas restringidas.
El Puerto de Pasajes está presidido desde 2018 por Félix Garciandia, que ha puesto ahora su cargo a disposición de Urkullu después de su victoria en las elecciones autonómicas de julio. Garciandia ya ha declarado públicamente que no tiene intención de seguir en su puesto «en las condiciones actuales». El presidente del puerto tiene autonomía de gestión aunque forma parte de Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Fomento.
Sarriegi ha conseguido entrar en la Policía Portuaria de Pasajes después de suspender el concurso-oposición para 31 plazas de agente de movilidad en San Sebastián, que le fue notificado en diciembre de 2018.
Pasado etarra
Alfonso Castro, 49 años, vecino de Rentería, cumple sus funciones como Policía Portuaria después de haber estado en prisión 24 años por varios delitos. Primero fue condenado a 18 años de cárcel por colaborar con ETA en el asesinato a tiros de un vecino de su localidad natal, Raúl Suárez Fernández, perpetrado el 8 de junio de 1991 mientras paseaba a su perro.
Posteriormente, en 1998, fue condenado a otros 10 años por facilitar datos a los etarras para el secuestro del empresario José María Aldaya, que fue raptado por ETA el 8 de mayo de 1995 en Fuenterrabía (Guipúzcoa) y no fue liberado hasta el 14 de abril de 1996 en la localidad guipuzcoana de Elgoibar. Sarriegi era miembro de la Policía municipal de Rentería cuando se produjo el secuestro y facilitó información a los secuestradores de Aldaya. Cuando estaba siendo interrogado por el juez Javier Gómez de Liaño por esta acción en la Audiencia Nacional, intentó escapar saltando por la ventana.
Castro Sarriegi ya fue detenido en 1991 por la Guardia Civil acusado de formar parte del comando Ipar Haizea, un grupo satélite del comando Donosti, y condenado a 66 años de cárcel por participar en varios atentados frustrados, entre ellos uno contra una patrulla de la Policía Nacional que no causó muertes. En total, 94 años de condena de los que ha cumplido 24.
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