El PSOE se gastará 1,6 millones en tapar el escándalo de enchufes del portavoz de Exteriores de Sánchez
El PSOE pretende inyectar 1,6 millones de euros de urgencia para evitar la quiebra de la empresa pública extremeña que ha reventado con sus enchufes y en la que ha sido colocado el hermano del portavoz de Exteriores de Pedro Sánchez. La empresa se llama Gisvesa. Su agujero negro se ha disparado un 330% en plena ola de enchufes. Y, encima, uno de lo colocados como personal eventual es el hermano de Ignacio Sánchez Amor: miembro del equipo más directo del secretario general y candidato a la Presidencia de España del PSOE.
El plan de los socialistas pasa por un rescate de la empresa en toda regla. La medida la trasladaron de urgencia en plenas Navidades –el 29 de diciembre– a través de una enmienda a los Presupuestos regionales a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Y en la que se puede apreciar como los socialistas tienen preparado un vaciado de partidas entre las que figuran, por ejemplo, dotaciones para “rehabilitación y mantenimiento de viviendas de promoción pública”, con el fin de conseguir fondos con los que tapar el agujero financiero de la compañía pública Gisvesa.
El objetivo final no es otro que evitar que lo que ya es un escándalo de enchufismo acabe convertido, además, en un caso de hundimiento de una empresa por culpa, precisamente de la lista de colocados políticos que allí aparece, algo que convertiría en imparable el escándalo y que podría provocar, incluso su posible judicialización.
Por si fuera poco, esta enmienda deberá contar con el voto de Podemos, apoyo del PSOE en el Gobierno regional, para poder ser aprobada.
El caso de enchufismo de la empresa pública Gisvesa dará que hablar. El escándalo de esta sociedad extremeña acumula 19 cargos relacionados con el enchufados PSOE. Y, además, incluye un nombre que va más allá de la política regional: el de Ventura Sánchez Amor, contratado en la empresa como auxiliar administrativo. Ventura es el hermano de una de las personas más influyentes en el área de Exteriores del equipo personal del secretario general de los socialistas: Ignacio Sánchez Amor, diputado y portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista en el Congreso.
La empresa pública Gisvesa figura a cierre de 2017 en una situación de «quiebra» con un «agujero económico» que es un 330% superior al del ejercicio pasado. El PP ha solicitado hasta en seis ocasiones a la Junta de Extremadura, concretamente a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que informe de las contrataciones, encargos y encomiendas de gestión que se han estado realizando a Gisvesa. Y el resultado ha sido siempre el mismo: nada, el silencio como respuesta.
El listado de encomiendas realizadas a esta empresa es revelador: entre los años 2016 y 2017 la Consejería de Sanidad realiza 41 encomiendas. Y de ellas, 19 corresponden a personas con evidentes vinculaciones al Partido Socialista de Extremadura.
Entre los nombres de esa lista de «excargos socialistas» y «amiguetes», como los ha calificado el portavoz del PP Sánchez Juliá, figura Francisco Saavedra Santos, exdiputado autonómico; Concepción Cáceres, concejala en Talayuela; Vanessa Macías, primera teniente de alcalde en Navas del Madroño; José María Paredes, coordinador de IS-PSOE en Mérida; José Antonio Pajuelo Casado, concejal en Badajoz; Noelia Durán Galapero, exjefa de gabinete de la Consejería de Presidencia; Juan Carlos Jiménez Parejo, concejal en Zorita; Andrés Licerán González, concejal en Cáceres; Ana Isabel Pérez, exalcaldesa en Valverde del Fresno y hermana de la diputada Eva Pérez; o Javier Sevilla de la Montaña, exjefe de gabinete de Carmen Heras, entre otros. Y todos ellos, no justificados legalmente como «puestos de personal de confianza», sino como contrataciones puras y duras en una empresa pública que el Tribunal de Cuentas señala que «deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad».
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