El PP tiene sin resolver desde 2021 un expediente para ver si es legal retrasar el congreso de Ayuso

En plena guerra abierta en el Partido Popular por la convocatoria del congreso regional que permitiría a Isabel Díaz Ayuso presentarse como candidata para presidir el partido en la Comunidad de Madrid, un militante logró que la gestora que dirige la formación desde la dimisión Cristina Cifuentes abriera un expediente informativo para dilucidar si, en cumplimiento de los estatutos, dicho congreso podía seguir siendo retrasado o, por el contrario, estaban obligados a convocarlo. Casi tres meses después, el expediente sigue sin resolverse, lo que ha motivado que este afiliado haya presentado una demanda ante los tribunales.

OKDIARIO ha tenido acceso al burofax, enviado en diciembre de 2021 desde Génova, en el que se informaba sobre la apertura del expediente informativo. La secretaria del Comité Autonómico de Derechos y Garantías, María González, contestó al afiliado: «Le comunico que en una reunión mantenida el día 23 de noviembre se acordó por unanimidad de los miembros, atendiendo al escrito presentado por usted, recibido el 12 de noviembre, abrir un expediente informativo con el número de Reg. 210/21, así como designar como instructor del procedimiento a Francisco Delgado». El escrito fue remitido el 1 de diciembre y desde entonces Génova ha mantenido abierto ese expediente sin avanzar en sus indagaciones.

El afiliado del Partido Popular de Madrid, que ostentó cargos orgánicos en la formación, remitió, a mediados de noviembre, dos escritos a los comités de derechos y garantías nacional y autonómico. En la misiva, el autor solicitaba a ambos comités que, en cumplimiento de los artículos 30 y siguientes de los Estatutos Sociales, defienda sus derechos como afiliado «e inste a la Junta Directiva competente a que convoque urgentemente la celebración del Congreso Regional de Madrid».

«Los Estatutos Sociales, en cumplimiento con lo establecido con la Constitución española (artículos 6 y 22) y en la Ley Orgánica 6/2022, de 27 de junio, de los partidos políticos, establecen un funcionamiento interno, y más concretamente el artículo 27.2 insta a la celebración de los congresos autonómicos a los cuatro meses de haberse celebrado el congreso nacional (sin precisar si ordinario o extraordinario) cada cuatro años, plazo sobrepasado ya con creces y no existiendo ningún proceso electoral en los próximos meses para no convocar dicho proceso de forma urgente», manifestaba el denunciante.

Además, añadía que la celebración del congreso autonómico en el que se presentaría Ayuso, «venga bien o venga mal», es un «elemento fundamental para preservar la democracia». Así, menciona jurisprudencia del Tribunal Supremo al entender que «no cumplir con los tiempos establecidos en los estatutos, merma nuestra calidad democrática. Y ésta empieza en los partidos, decir lo contrario es oportunista y propio de otros que pretenden su propia permanencia y todo esto viene reflejado en la condena que sufrió nuestro partido según reza el Alto Tribunal en la sentencia 3152/2018».

Tras casi tres meses en stand by, en los que el expediente informativo abierto en diciembre no ha sido resuelto, este afiliado ha llevado el asunto a los tribunales. El militante popular y la Asociación Democracia y Derechos por la Democracia Real y por los Derechos Fundamentales del Ciudadano han presentado una demanda que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid y, según cuenta a este periódico, será admitida a trámite en los próximos días. En la misma, el afiliado demanda al partido de Pablo Casado por no convocar el Congreso Regional de Madrid para renovar la Ejecutiva regional del partido al excederse los plazos previstos conforme a los Estatutos. Ahora la Justicia deberá pronunciarse sobre este asunto.