El PP registrará una Proposición de Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión

fiscalía
Varios ex consejeros de la Generalitat.

El PP registrará este lunes 24 de septiembre una Proposición de Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión.

Así lo ha anunciado este sábado el presidente del PP, Pablo Casado, a través de su cuenta de Twitter, donde ha señalado que el «golpe al Estado» perpetrado por los independentistas «no puede quedar impune».

«El golpe al Estado perpetrado por los independentistas no puede quedar impune por culpa de un presidente del Gobierno que le debe su cargo a los que quieren romper España», ha apuntado el líder

Ya este mismo año, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió una iniciativa popular para prohibir indultos a condenados por delitos de rebelión y sedición, «una verdadera demanda social».

En su texto, los populares planteaban prohibir también que un Gobierno pueda conceder esta medida de gracia a los condenados por rebelión, sedición y traición, que son precisamente los delitos por los que se investiga al Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña.

En esa lista de excepciones a los indultos, el Grupo Popular suma además a los penados por homicidio doloso, terrorismo, genocidio, delitos contra la Corona, la trata de blancas, la financiación ilegal de los partidos y la corrupción de cargos electos.

El exministro explicó que en torno al indulto hay un debate social sobre la conveniencia de que se concedan “muy pocos”, y en la práctica, ha remarcado, así lo está haciendo el Gobierno.

“Pero ahora hemos querido dejar muy claro que el Grupo Popular no va a estar nunca a favor de conceder indultos a las personas condenadas por delitos tan graves como la rebelión o la sedición”, ha insistido.

Dicho esto, Catalá ha garantizado que el PP trabajará por “buscar consensos” en el Congreso en torno al texto de su enmienda, pero ha recalcado que cuentan con “la fuerza moral” para defender que la legislación española ha de adecuarse a lo que es “una verdadera demanda social”.

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