El PP propone que sea un organismo independiente y no Moncloa quien reparta las ayudas de la UE

El Partido Popular (PP) ha registrado una Proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que plantea la creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación, un organismo independiente para gestionar el reparto de los fondos de ayuda que destine la UE a España para reparar los daños de la pandemia. Los populares buscan evitar que sea el propio Gobierno, desde La Moncloa, quien decida quiénes, cómo y cuándo reciben esas ayudas, ya que podría utilizarse con fines políticos o electorales.

Tal y como figura en la exposición de motivos, dicho organismo estaría presidido por «un profesional independiente de reconocido prestigio nacional e internacional sin adscripción partidista», y estaría sujeto al control parlamentario, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al Tribunal de Cuentas.

Según sostiene el PP, de ser aprobada, la propuesta planteada por Pablo Casado «lanzará un mensaje inequívoco de unidad y certidumbre en torno a la recuperación» de la economía española, «de eficaz y necesaria colaboración público-privada y de unidad en torno a la principal prioridad de los españoles: doblegar la pandemia sanitaria y superar la crisis económica».

En el Consejo Rector de la Autoridad para la Recuperación, la iniciativa establece que deberían participar distintas Administraciones Públicas, lo que permitiría incorporar a las comunidades autónomas y representantes de las corporaciones locales. Incluso de la Comisión Europea, si bien en este último caso lo más probable sería en calidad de observadores.

Plena independencia de los fondos

Sea como fuere, el PP considera que la Autoridad actuaría con plena independencia orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad, independencia que es condición necesaria para alcanzar sus objetivos con éxito. En este sentido, ni su presidente ni los miembros de los órganos de gestión ni el resto de personal podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

La proposición no de ley insta al Gobierno a aprobar con la máxima urgencia la creación de dicho organismo, con el fin de que esté operativa en el próximo mes de enero, y que sea sometida a consideración del Congreso la designación de la persona elegida para asumir la Presidencia.

Entre las funciones a encomendar a dicho organismo de nueva creación estarían, entre otras: la propuesta, o determinación, de las prioridades de inversión a las que deben destinarse los fondos; la propuesta, o determinación, de los criterios de reparto entre las diversas administraciones territoriales; y la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de concurrencia competitiva de aquellos proyectos que fueran competencia del Estado.

Asimismo, se encargaría de: la adecuada documentación de todos los programas de gasto que deban llevarse a cabo con cargo a los Fondos; el control de los proyectos ejecutados por otras administraciones territoriales; y la preparación de la documentación que deba ser presentada ante la UE por parte de Reino de España para la adecuada gestión de los Fondos.