Echenique

El PP pide que Echenique dimita por la contratación irregular de su asistente

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La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat. (Foto: Europapress)

El PP ha pedido hoy al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que dimita tras conocerse que un juzgado de Zaragoza ha ratificado la sanción de más de ocho mil euros que le impuso la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente personal.

Una vez conocida la información, el PP, por medio de su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, ha instado a Echenique a que “predique con el ejemplo” y dimita.

Se ha preguntado qué es lo que pediría Podemos si una sentencia de estas características afectara a un cargo del PP y ha respondido acto seguido: “La dimisión”.

También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado explicaciones al número tres de Podemos, aunque “con la poca paz” que la formación “morada” tiene ahora, estarán preocupados por “otra cosa”, ha añadido en alusión a la crisis interna que ha desembocado en la renuncia de Íñigo Errejón a su escaño.

Las criticas del PP llegaban después de que Echenique haya anunciado su intención de recurrir la resolución judicial que ha ratificado la sanción que le impuso la Tesorería de la Seguridad Social.

Echenique ha mostrado su discrepancia con esta resolución judicial, ya que según ha explicado en Twitter la ley de dependencia estatal y la aragonesa dice que “los asistentes profesionales pueden funcionar como autónomos”, lo que no haría obligatoria su alta en la Seguridad Social.

“La sentencia no atiende a esta legislación, puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré”, anuncia Echenique.

El documento ético aprobado en la última asamblea ciudadana de Vistalegre II establece que todos sus cargos públicos, internos o candidatos de Podemos tienen el compromiso de renunciar a su puesto “en caso de ser procesado o condenado” por delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencias machistas, pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos.

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