El PP llevará al Gobierno y a Armengol ante el Constitucional por cercenar los derechos de la oposición

El rechazo del Gobierno y la Mesa del Congreso a varias enmiendas del Senado en la Ley de desperdicio alimentario la semana pasada ha movilizado al Partido Popular, que presentará ante el Tribunal Constitucional recursos de amparo e inconstitucionalidad contra la Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que ha prometido que su partido va a «defender y proteger la democracia» frente al veto del Gobierno al Senado, cámara a la que están «socavando su papel y sus competencias».

Este conflicto jurídico-parlamentario tiene su origen en una decena de enmiendas a la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que el Gobierno trató de tumbar en el Senado, haciendo uso de su potestad para vetar iniciativas legislativas que modifiquen los presupuestos en curso, pero la Cámara Alta las dejó pasar y acabaron siendo aprobadas.

Entre ellas, una del PP para bajar el IVA de determinados alimentos y otra de Junts y ERC para prorrogar la vida útil de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas. Cuando esas enmiendas llegaron al Congreso para su votación final, la Mesa del Congreso, con los votos del PSE y Sumar, admitió el veto del Gobierno y las eliminó.

Fue tan precipitado que no hubo informe escrito de los servicios jurídicos. Además, las actas de la última reunión de la Mesa del Congreso recogen la opinión contraria del letrado mayor, Fernando Galindo, a aceptar el veto del Gobierno a unas enmiendas que había aprobado el Senado, y reflejan que avisó verbalmente de que la disconformidad del Gobierno ya no era posible. Pero el PSOE y Sumar desoyeron su criterio e impusieron su mayoría para eliminar las enmiendas que el Gobierno quería quitar, algo que fue recurrido por los partidos afectados por los vetos (PP, Junts y ERC).

En su intervención en la 27 Interparlamentaria que el PP celebra en Sevilla, Gamarra ha afirmado que en esta legislatura en el Congreso están viendo «cómo en el Congreso se amordazan y se guillotinan debates y enmiendas» de los grupos y «cómo el reglamento se convierte en papel mojado». Además, ha señalado que están viendo «cómo la opinión de letrados es pisoteada». «Pero es que ya incluso es pisoteada la opinión de los letrados socialistas, los que han demostrado una grandísima lealtad al sanchismo», ha dicho, en alusión a la opinión de Fernando Galindo con la Ley de Desperdicio Alimentario.

De la misma manera, ha dicho que están viendo «cómo al Senado se le socava su papel» y «sus competencias de modo espurio». «Ya no solo es que el presidente del Gobierno ni esté ni se le espere en el Senado, es que directamente se le hurtan los debates. Pues muy bien, lo que aquí decimos es que no nos van a callar y no nos vamos a quedar quietos», ha prometido.

Los socios de Sánchez

Tras echar en cara a Sánchez que se vaya «pavoneando» de «pretender gobernar sin Parlamento», ha asegurado que «lo peor de todo ello es que España hoy está secuestrada por las minorías, que son quienes mandan». «Aquí no estamos bajo el Gobierno de las mayorías. En estos momentos lo que estamos viviendo, lo que tiene España es la tiranía de las minorías, con el permiso de Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Con el 1% o el 2% quienes están mandando en nuestro país son Otegi o el prófugo Puigdemont», ha declarado.

Además, Gamarra ha recordado a los «héroes» militantes del PP que fueron víctimas de ETA por «defender los valores de la libertad, defender los valores de la democracia y defender los valores de España»: «No nos olvidamos nunca», ha asegurado.

Dicho esto, ha criticado que Sánchez esté «blanqueando terroristas y abriendo la puerta de La Moncloa a asesinos»: «Donde se firmaban los pactos contra el terrorismo hoy su inquilino paga el alquiler a los herederos de ETA. Eso sí que es un verdadero fondo buitre al que Sánchez ha entregado el alma del socialismo», ha afirmado, cosechando un aplauso de los cargos ‘populares’ presentes en la Interparlamentaria.