España
Beneficios a etarras

El PP exige al Gobierno vasco que explique las razones para excarcelar al asesino etarra ‘Gadafi’

Denuncia que este trato de favor obedece a los compromisos adquiridos por Sánchez con Bildu

El Partido Popular exige al Gobierno vasco que explique las razones para excarcelar al sanguinario etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y al etarra Eneko Gogeaskoetxea Arronategui, quienes también han logrado salir de la cárcel sin arrepentimiento.

El primero de ellos, tiene en su haber condenas que suman 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión por su participación en al menos veinte asesinatos. Asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellas el niño de dos años Fabio Moreno, así como a policías en presencia de sus hijos, alguno de los cuales no pudo soportarlo y terminó suicidándose.

El segundo tiene condenas que suman 363 años, 29 meses y 15 días de cárcel. De ellas, 92 años se le impusieron por matar al ertzaina que frustró el atentado que tenía encargado cometer contra el Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

Se les había revocado el tercer grado

El Ejecutivo vasco ya les había concedido el tercer grado a ambos, pero fueron recurridos por la Fiscalía y revocados por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Y pese a ello, el Gobierno vasco insiste en beneficiarlos de nuevo.

«El afán del Gobierno vasco de PNV y PSE por ir soltando a todos los etarras es impúdico. Insiste una y otra vez pese al rechazo de la Fiscalía», ha denunciado Javier de Andrés, líder del PP vasco, tras conocer que se vuelve a consumar esta tropelía.

Tanto el PP como las víctimas del terrorismo denuncian que estamos antes «amnistía encubierta» que el Ejecutivo vasco aplica a los presos de ETA. Y exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que las recurra para frenar esta «política penitenciaria fraudulenta».

Este mismo jueves, cuando se han conocido estos últimos terceros grados a estos etarras, Santiago López Céspedes, parlamentario del PP vasco por Vizcaya, ha registrado un escrito ante el Parlamento vasco exigiendo que aclare estas decisiones ante las «serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada».

En su escrito, el PP señala que la gravedad de los hechos por los que ha sido condenado Gadafi, así como «la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas», hace «imprescindible» solicitar esta información para ejercer adecuadamente la función de control parlamentario.

En concreto, el PP reclama la copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercero grado a estos etarras, la copia íntegra de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos, y la copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones.

Asimismo, pide la relación de los elementos de arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia efectuados por ambos que, en su caso, hayan sido valorados.

También requiere el anexto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas.

Además, solicita que explique si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, que detalle la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario, e indique  las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.

Pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia

El PP vasco también exige la dimisión de la consejera vasca de Justicia, Maria Jesús San José (PSOE), por el «trato de favor» a los presos de ETA, «motivado por los compromisos que ha adquirido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu, como consecuencia, también con ETA».

El presidente del PP vasco hizo este llamamiento tras el varapalo de la Audiencia Nacional al Gobierno vasco al tumbar la semilibertad concedida a los etarras Soledad Iparragirre, alias Anboto, ex jefa de la banda asesina con 14 asesinatos a sus espaldas, y Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

«Los trata con afecto y como amigos», denuncia Javier de Andrés, reclamando la dimisión de esta consejera, ya que la resolución del magistrado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, desmiente los argumentos esgrimidos hasta el momento por ella para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

Además, el presidente del PP vasco reclama que que sea destituido el responsable de la prisión guipuzcoana de Martutene, quien también «ha actuado en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», critica.

Javier de Andrés manifiesta que el deterioro de la imagen del Gobierno vasco es «absoluto, ya que se está trabajando por los terroristas y no por el conjunto de la sociedad», lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas.