Los policías locales catalanes temen que se les use para secundar el referéndum ilegal del 1-O

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, en el que ordenaba impartir una instrucción general a los máximos responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos en las cuatro provincias catalanas. Su contenido: actuar en el caso de la celebración del referéndum interviniendo material si es necesario, y elaborando el correspondiente atestado ante “cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares”.

Sin embargo, la fiscalía ha olvidado incluir en sus requerimientos a la policía municipal. Son 214 municipios (casi un 80 por ciento de la población catalana) los que cuentan con esta policía que, como el resto de los cuerpos, también ejerce de policía judicial.

En este sentido, y debido al vacío institucional que la decisión de la fiscalía supone, la policía municipal teme que «los alcaldes ordenen a los jefes de policía que intervengan como protectores del 1-O».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la fiscalía un respaldo que les permita cumplir con la ley. De lo contrario, los ayuntamientos independentistas podrán usar a los funcionarios municipales de la policía para proteger la ilegalidad de la consulta. «Se nos ha dejado en tierra de nadie», ha asegurado Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato en la Guardia Urbana de Barcelona, a OKDIARIO.

La Asociación de Municipios de Cataluña, liderada por el alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, quiere que la Policía Municipal ofrezca cobertura al acto ilegal. Para la asociación, el 1-O tiene la misma legalidad que otro proceso electoral.

«Nos quieren mandar que demos cobertura a un acto ilegal amparándose en la seguridad pública y el orden público. Si nos envían a nosotros a eso, no tenemos amparo», asegura Zambrano. «Estamos en un estado de ansiedad tremendo», sentencia.