Podemos y PSOE logran que el Congreso inicie el trámite para saltarse el veto del Senado a la senda de déficit
El Gobierno se sale con la suya y Podemos celebra que el Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís para soslayar la capacidad de veto del Senado en la senda del déficit.
Además de estos apoyos, los grupos proponentes han recabado los votos de PDeCAT, PNV, EH-Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras que PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra.
El objetivo de la norma es volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que el posible veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple.
El trámite de urgencia, en manos de PP y C’s
La iniciativa es fruto del acuerdo de PSOE y Unidos Podemos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el fin de lograr un mayor margen de déficit para el próximo ejercicio, ya que con la actual situación el PP puede bloquear la aprobación de los objetivos de estabilidad en virtud de la mayoría absoluta de la que goza en el Senado.
Para conseguir que el cambio se aprobara cuanto antes y así acelerar la presentación de unas nuevas cuentas, PSOE y Unidos Podemos pidieron que la reforma se tramitase por el procedimiento de urgencia y en lectura única, pero se toparon con el freno que impusieron en la Mesa el PP y Ciudadanos. La urgencia implica acortar los plazos a la mitad y la lectura única, solventar todos los debates en un Pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión.
En 2016 se reformó la ley de forma ‘exprés’
Hace menos de dos años el PP, el PSOE y Ciudadanos impulsaron un cambio de la misma Ley de Estabilidad Presupuestaria en menos de 20 días, en este caso para habilitar a un Gobierno en funciones —en aquel entonces de Mariano Rajoy— a modificar los objetivos de déficit.
Aquella reforma, registrada por el PP, añadía a la ley orgánica una disposición adicional y fue finalmente aprobada en el Pleno del Senado el 25 de octubre, apenas 25 días después de su entrada en el Congreso.
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