El plan de Vox para la soberanía alimentaria: una nueva PAC, no a Mercosur ni al acuerdo del Sáhara
Vox ha presentado su plan rural: un total de 29 medidas como alternativa a las políticas europeas
La nueva PAC defendida por Ursula Von der Leyen quiere reducir un 20% el presupuesto
Vox ha presentado su nuevo plan para el mundo rural: 29 medidas con las que buscan conquistar a miles de agricultores, ganaderos y pescadores de nuestro país, en plena polémica con la nueva Política Agraria Común (PAC), impuesta desde Bruselas, con la que Ursula von der Leyen amenaza recortar un 20% del presupuesto actual para destinarlo a Defensa.
Esta proposición no de ley, que lleva por nombre Defensa de nuestro campo y del sector primario, será votada próximamente en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyo portavoz de Vox es Ricardo Chamorro, el diputado que defendió la semana pasada en el Congreso el rechazo al acuerdo de la Unión Europea y Marruecos sobre los cultivos del Sáhara Occidental, logrando un momento inédito: el apoyo de Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo.
Sumar junto con el Partido Popular apoyaron la moción propuesta por Vox, «asentando un importante precedente en España de cara a detener la expansión de Marruecos en el sector agrario», señalan desde la formación liderada por Santiago Abascal.
Las claves del plan rural de Vox
Entre las 29 medidas que componen el nuevo plan rural de Vox, destacan 7 puntos claves centrados en combatir «el ecofanatismo de la Agenda 2030» y el rechazo a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea con Marruecos y Mercosur:
- Rechazar el Pacto Verde Europeo y la derogación de todas las políticas inspiradas en la Agenda 2030.
- Condenar el borrador de la futura PAC, y advierten que no aceptarán recortes en una hipotética nueva propuesta ni tampoco condicionantes medioambientales «que comprometan la rentabilidad de las explotaciones».
- Suspender el Acuerdo Agrícola con Marruecos y rechazar la modificación del Acuerdo UE-Marruecos para incluir cultivos del Sáhara.
- Rechazar el acuerdo el acuerdo comercial UE-Mercosur. Los de Vox consideran que «su tramitación es opaca» y exigen informes del impacto económico y social sobre el sector primario español y europeo.
Además, Vox insiste en «la necesidad de promover un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional de Regadíos, así como una nueva estrategia nacional de prevención de incendios en la que participen agricultores, ganaderos y profesionales del sector silvícola».
Desde la formación añaden que en España hay que afrontar un «debate cultural sobre el relevo generacional»: «No sólo hay que simplificar la burocracia, tiene que volver a ser bien visto que nuestros hijos sean agricultores y ganaderos».
Con los ojos puestos en Castilla y León
La estrategia de penetrar en el campo español con este nuevo plan para el mundo rural coincide con un ambiente preelectoral de cara a las elecciones en Castilla y León –la primera de las autonomías que tiene previsto celebrar elecciones– donde el peso del sector primario es indiscutible en el PIB.
De hecho, la batería de propuestas que buscan conquistar «a la España olvidada» –como definen al propietario de pequeñas explotaciones– será registrada también en aquellos parlamentos autonómicos donde Vox tiene representación.
Poniendo de ejemplo la política de Donald Trump, American First (América Primero), desde Vox defienden que el campo español puede convertirse en «la palanca» que logre un importante trasvase de votos «tradicionalmente del PP a la opción patriota» –como empiezan a conocerse a los partidos integrados en Patriots–.
«La mayoría de agricultores y ganaderos se sienten engañados y traicionados por un bipartidismo que ha hecho lo contrario que se les prometía. Han perdido su confianza», destacan recordando que las tractoradas del año pasado tuvieron un claro lema contra el Pacto Verde Europeo y en defensa de la soberanía alimentaria.
El caso de David Lafoz, el joven agricultor aragonés que se quitó la vida el pasado julio, convertido en un símbolo de resistencia contra el terrorismo fiscal del Gobierno, «ha puesto en evidencia que la actual legislación importada de Bruselas no funciona», denuncian.
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