Los pinchazos al ex etarra Boye por su relación con narcos ponen al descubierto las maniobras de Puigdemont

Los pinchazos telefónicos y con micrófonos unidireccionales al abogado Gonzalo Boye, que defendía hasta hace unos días a una red de narcotraficantes liderada por José Ramón Prado Bugallo ‘Sito Miñanco’, pueden poner al descubierto sus conversaciones reservadas con Carles Puigdemont. Las grabaciones al letrado pro independentista habrían registrado las maniobras, estrategias y consignas del ex presidente catalán.

El letrado Boye defiende a Puigdemont desde que se convirtió en prófugo de la justicia en 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O, periodo que coincide con las investigaciones de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías le seguían el rastro por blanqueo de dinero.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye desde hace casi dos años una pieza secreta sobre las relaciones del abogado independentista y ex colaborador de ETA con la trama internacional del narco gallego Sito Miñanco.

No es la primera vez que la Policía, a la hora de investigar una trama por narcotráfico, se topa con otras ramificaciones de contenido político como ya ocurrió en Valencia con el «caso Naseiro» o en Madrid con una red argentina de blanqueo, que perjudicaba a altas instancias del poder.

Fuentes del entorno de Gonzalo Boye manifestaron a OKDIARIO que no descartan que el letrado, en ese seguimiento policial, fuera sometido a la grabación con micrófonos direccionales como ya hicieron la UDEF y la UCO de la Guardia Civil en los seguimientos a Ignacio González (Lezo) o Francisco Granados (Púnica).

Boye, que se presenta socialmente como un abogado comprometido con las causas sociales y como defensor de los derechos humanos, mantenía una relación más que sospechosa con algunos de sus clientes narcotraficantes, según fuentes que conocen sus interioridades.

El abogado de Puigdemont ya conoce los efectos directos de la justicia en sus propias carnes: pasó varios años en la cárcel por colaborar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla por la banda terrorista ETA, tiempo que aprovechó para estudiar Derecho.

Desde primera hora de esta mañana, su casa en Madrid está siendo registrada en una operación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública.