Peramato echó de la sala a un hombre que le dijo: «No hable de mutilación genital, es cosa de árabes»

La nueva fiscal general del Estado propuesta por el Gobierno, Teresa Peramato, expulsó de una jornada de formación a un profesional que le espetó que la mutilación genital femenina «no es una cosa nuestra, es una cosa de africanas y de árabes».

«Le dije que, por favor, saliera del aula y que no volviera a repetir delante de mí frases como esa», recordó Peramato en otro seminario posterior. La fiscal vio el comentario «absolutamente discriminatorio» y manifestó su estupefacción ante la posibilidad de que un profesional pudiera realizar «frases de esa naturaleza».

El episodio lo recordó durante una charla sobre el femicidio y la mutilación genital femenina como forma de violencia femicida. Peramato fue categórica en su respuesta: «Me parecía mentira que un profesional pudiera realizar frases de esa naturaleza».

La fiscal enfatizó que esta práctica «no es una cosa ajena» a España. «Somos personas, da igual el sexo, da igual el color, da igual el país del que procedamos, da igual la religión, la etnia», subrayó.

Según datos que citó de la Universidad Autónoma de Barcelona y Guasu, en Cataluña hay 6.182 niñas en riesgo de ser mutiladas. En Aragón son 1.074 y en Navarra 321. Madrid registra 2.059 niñas en riesgo, Andalucía 1.501 y Valencia 1.477.

No obstante, en su charla que data de 2015, Peramato recordaba que el artículo 149.2 del Código Penal ya castigaba la mutilación genital femenina con penas de 6 a 12 años de prisión. El tipo penal prevé además la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad «si el interés del menor así lo hace aconsejable».

España puede perseguir estos delitos aunque se cometan en el extranjero. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula esta extraterritorialidad si el delito ha sido cometido por español o extranjero residente en España, o si la víctima era española o residente cuando ocurrieron los hechos.

La fiscal detalló que entre 2003 y 2015 se habían juzgado tres casos en España. Las tres sentencias llegaron al Tribunal Supremo. En ninguna se apreció la agravante de parentesco, pese a que la jurisprudencia establece que debe aplicarse como agravante cuando los bienes jurídicos protegidos son la vida, la integridad física o la libertad.

La intervención de Peramato concluyó con un llamamiento a la coordinación entre instituciones, la sensibilización de las comunidades afectadas y la formación de profesionales. «Una sola niña merece la pena que se haga un protocolo de actuación para la prevención y protección», sentenció la nueva fiscal general.