La pentaimputada Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado y carga contra el juez Peinado

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 26/03/2026 12:08
  • Actualizado: 26/03/2026 13:15

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de que sea juzgada por un tribunal del jurado. Además, carga contra Peinado achacándole argumentos falaces, «conjeturas» no apoyadas en indicios y «demasiados olvidos».

La esposa de Pedro Sánchez sostiene que lo único acreditado en este procedimiento es «la voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla», y que se le investiga «por ser cónyuge del presidente del Gobierno».

Además, niega que existan indicios contra ella en los cinco delitos que le imputa el juez, como son malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

También dice que reconducir este asunto «muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública» a un tribunal del jurado puede tener como consecuencia «un juicio paralelo» y lesionar el derecho a un juez imparcial.

Así lo alega su abogado, Antonio Camacho, en un recurso de reforma, adelantado este jueves por Efe, contra el auto del juez Peinado del pasado viernes que acumuló todo el procedimiento en una sola causa, atribuyó el procedimiento a un tribunal del jurado, y citó a declarar el próximo 1 de abril a los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. 

Una resolución contra la que se alza ahora la mujer de Sánchez pidiendo que sea anulada.

Delitos que suman hasta 17 años de cárcel

Dicho auto, adelantado en primicia por OKDIARIO, marcó un punto de inflexión en una causa que lleva más de dos  años en instrucción. Y ello porque el juez Peinado ha retomado la investigación desde el punto en que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado mes de enero  las resoluciones dictadas en otoño del año anterior, ordenando al instructor «retrotraer el trámite a la fase de diligencias previas» porque no estaban suficientemente detallados los hechos supuestamente delictivos.

En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dio cumplimiento a lo ordenado por la Audiencia y volvió al punto de partida y a llevar el caso al trámite de tribunal del jurado, detallando de forma pormenorizada los delitos. El auto tiene nada menos que 46 páginas. El magistrado argumenta en él que existen indicios suficientes de verosimilitud delictiva.

Begoña Gómez podría enfrentarse a una condena de hasta 17 años de cárcel por los cinco delitos de corrupción que se le imputan. Primero le fueron imputados cuatro y el pasado mes de agosto se le sumó otro de malversación por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, a quien también se ha investigado por dicho delito, así como por corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Ataques a los jueces por hacer su trabajo

El magistrado que investiga a Begoña Gómez también está sufriendo ataques desde el Gobierno simplemente por hacer su trabajo. Desde que comenzó a instruir la causa abierta contra la esposa de Sánchez es víctima de ataques verbales y también de acciones judiciales para intentar frenar la instrucción de esta causa. Tanto el presidente del Gobierno como su mujer presentaron querellas contra él que, sin embargo, fueron tumbadas por la Justicia.

En la lista de magistrados crucificados por la izquierda política y social porque no le gustan sus resoluciones también se encuentra la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, quien se ha encargado del procedimiento penal abierto a David Sánchez, hermano del presidente.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzgará a David Sánchez el próximo mes de mayo, acusado de beneficiarse de la creación a dedo de una plaza. Se le imputa prevaricación y tráfico de influencias y se enfrenta a peticiones de pena de hasta tres años de cárcel.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también ha padecido ataques, especialmente el tribunal que juzgó el procés y el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, a quien le cubrieron con pintura amarilla el portal de su casa, le hicieron pintadas junto a su segunda residencia, tildándolo de «fascista» e instándole a abandonar el municipio, y fue increpado por un grupo de alrededor de 20 independentistas al salir de un restaurante con amigos.

También han sufrido embistes los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La izquierda, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez, cargó contra ellos cuando hace cinco años los aplaudieron por la sentencia contra la trama Gürtel del PP.

Son muchos los jueces han estado en la diana por parte de miembros de este Ejecutivo, incluidos ministros. Éste es el caso también de Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, quien sufrió ataques en el ejercicio de su profesión a raíz de elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.

«El autócrata Sánchez va de golpe en golpe hasta la tiranía final», denunció Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en las jornadas jurídicas de este diario celebradas en enero de 2025 en Marbella, donde se analizaron la Ley Begoña y los ataques de Pedro Sánchez a la Justicia. Unas jornadas en las que Inda mostró su solidaridad con los 5.500 jueces y 1.200 fiscales que ejercen en nuestro país, a quienes este Gobierno pone en la diana.

Como relató el propio García-Castellón en dichas jornadas, que tuvieron su réplica el pasado mes de noviembre en Marbella, aquellos ataques eran «inquietantes» para él, consciente de que «se dirigían a miles de compañeros para que percibieran el peligro al que se enfrentarían».