El Gobierno Sánchez niega que esté abusando del decreto y dice que fue Rajoy el que más lo usó

El Ejecutivo de Pedro Sánchez niega que esté abusando del decreto ley para gobernar, defiende la constitucionalidad de la media docena de ellos que ha aprobado hasta la fecha —que se elevarán a siete este viernes con la aprobación del decreto para dar amparo legal a la exhumación del dictador Francisco Franco— y señala al Gobierno de Mariano Rajoy como el que más recurrió a esta vía para legislar.

El real decreto ley faculta al Gobierno para aplicar leyes sin tener el aval previo de las Cortes. Entran en vigor de manera inmediata una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado y el Congreso sólo se pronuncia a posteriori. Por eso la Constitución los limita a casos de «extraordinaria y urgente necesidad».

El Gobierno de Sánchez, subrayan fuentes de Moncloa, «no está haciendo un uso abusivo del decreto ley». Desde 1978, se vienen aprobando una media de 14 decretos ley al año. Es habitual, argumentan en Moncloa, que en los primeros meses de una legislatura, o de un gobierno, se aprueben muchos decretos ley pues el Gobierno, en su función constitucional de dirección política del Estado, quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas.

Rajoy los usaba incluso con mayoría absoluta

A modo de ejemplo, fuentes gubernamentales recuerdan que en 2012, primer año de gobierno de Mariano Rajoy, se aprobaron 29 decretos ley a pesar de que el PP contaba con mayoría absoluta y, por tanto, no iba a tener dificultades para aprobar sus leyes en el Parlamento.

Más allá de las cifras, desde el Ejecutivo de Sánchez subrayan que todos los decretos ley aprobados hasta el momento por el nuevo Gobierno socialista —en su opinión, claro— «respetan los límites constitucionales». En ningún caso las medidas aprobadas afectan al desarrollo directo de derechos y libertades, al régimen de las Comunidades Autónomas, al régimen electoral general o a las instituciones básicas del Estado, como establece la Constitución.

«En todos los casos, el Gobierno ha considerado necesaria una actuación normativa urgente, a partir de un juicio político, y lo ha justificado expresa y razonablemente en la exposición de motivos de cada uno de los decretos ley», afirman en Moncloa.

En el caso de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno justifica la urgencia en que se trata una actuación «exigida con preferencia» por el Congreso en mayo de 2017, sin que el Gobierno de Rajoy hiciera nada, y «solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas».

El primer real decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Sánchez fue el relativo a la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE y de su presidente, tumbado por el Congreso de los Diputados.

A éste le siguieron el que devuelve a los inmigrantes sin papeles el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que al resto de residentes en el país, el de creación de empleos públicos en atención a asilados y refugiados, otro para adaptar la ley española a la normativa europea en materia de protección de datos, un quinto para regular el Programa de Activación para el Empleo y un último de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género.