Padres y docentes en pie de guerra contra el decreto polilingüístico de Puig y Oltra

El polémico Decreto del Plurilingüismo aprobado por el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra mantiene a los padres de la Comunidad Valenciana en pie de guerra. La asociación Idiomas y Educación, que agrupa a una serie de padres de alumnos de la ciudad de Alicante críticos con esta medida, ha convocado una manifestación el próximo 10 de marzo para exigir la derogación de este texto.

Esta asociación nace precisamente como reacción ante la aprobación del decreto el pasado 27 de enero, y en su perfil de Facebook se definen como “un grupo de padres diversos de la ciudad de Alicante”, que se declaran preocupados por el contenido del documento, al que califican de “gravemente perjudicial para la educación de nuestros hijos”. Por ello, deciden crear la asociación “ante la discriminación que recibe el idioma castellano”.

Estos padres se refieren al punto más polémico del decreto, el que establece diversos niveles educativos ligados a la mayor o menor presencia del valenciano y el castellano en los planes de estudios, con el agravante de que el texto penaliza a a aquellos alumnos que opten por una mayor cantidad de horas en castellano con un nivel inferior de inglés.

Por tanto, desde Idiomas y Educación aseguran que “el borrador del decreto tampoco garantiza buen nivel de inglés a los alumnos, por lo que no se afronta una de las grandes lagunas que tiene el sistema educativo español” en un idioma que califican de “vehículo de entendimiento en todos los foros internacionales”.

La asociación ha convocado a otros padres preocupados por la situación lingüística de la educación de sus hijos el próximo viernes 10 de marzo en la avenida Doctor Gades de Alicante, frente a la sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en la ciudad.

Además, Idiomas y Educación ha lanzado una campaña de ‘crowdfunding’ para “impugnar” el texto a través de un recurso contencioso-administrativo. A este fin, este grupo de padres recoge donativos para pagar su representación legal en el futuro proceso, que, aseguran, “será determinante para derrocar un decreto que restringe derechos básicos, que atenta contra la libertad de elección y contra las necesidades idiomáticas que exige el siglo XXI, y que solo persigue una inmersión encubierta en valenciano”.

Avalancha de demandas

Esta no es la única acción emprendida contra el decreto lingüístico de Puig. Por ahora, el texto ha recibido ya varias demandas, entre ellas, de los sindicatos CSIF y USO de la Comunidad Valenciana y de la asociación de padres católicos de escuelas concertadas, y se preparan más, según ha podido saber OKDIARIO.

Además, el PP presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y los servicios jurídicos del Ministerio de Educación estudian si el Decreto puede vulnerar derechos fundamentales.