Pacto Antiyihadista: Zoido anuncia mayores controles sobre el alquiler de vehículos y la venta de bombonas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en el marco del Pacto Antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos.

La intención de Zoido es que «a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría» de estas reformas legislativas que están ya «preparadas o en fase de conclusión», lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o «identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas».

Al Pacto Antiterrorista se ha convocado a los partidos firmantes y a los observadores, que han analizado un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El imán de Ripoll

El primero ha informado de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se ha referido a informaciones que ya se han contado en «noticias escritas», sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Sobre el cerebro del atentado, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido ha dicho que no se ha hablado «nada en absoluto». «El director del CITCO ha puesto en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias», ha matizado el ministro.

Zoido ha anunciado que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una «muy novedosa» instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones «pormenorizadas» para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.