España
INVASIÓN DE CEUTA

La ONG implicada en la compra de material explosivo a los invasores de Ceuta colabora con el separatismo catalán

No Name Kitchen (NNK), la ONG investigada en relación con la compra de material explosivo que acabó en manos de invasores de Ceuta, tiene estrechos lazos con el separatismo catalán a través de organizaciones civiles como Novact (Instituto Internacional por la Acción Noviolenta) e Irídia-Centro de Defensa de Derechos Humanos.

En su caso, NNK, cuya coordinadora en Ceuta es la activista italiana Francesca Fusaro, representó el pasado año ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a un grupo de entidades integrado también por Novact y Centro Irídia.

En nombre de estas entidades, Fusaro denunció las «devoluciones en caliente ilegales» en Ceuta y la «criminalización de las personas en movimiento», y exigió al Gobierno de España «respuestas sobre la masacre de Melilla (24 de junio de 2022) y la tragedia del Tarajal (6 de febrero de 2014)».

En 2020, y tras varias informaciones publicadas por OKDIARIO al respecto, la líder de Fratelli d’Italia y actual primera ministra, Georgia Meloni, denunció que el intento de ruptura de la unidad de España por parte del independentismo catalán «fue financiado por asociaciones relacionadas con George Soros», a través de la fundación del especulador, Open Society Foundations (OSF).

Esta fundación inyectó fondos a Border Violence Monitoring Network, red dedicada a denunciar violaciones de derechos humanos en las fronteras, de la que formó parte No Name Kitchen (NNK).

Entre esas asociaciones aludidas por Meloni se encuentran Novact y Centro Irídia, que conforman, a su vez, Som Defensores, una red de activistas que ha lanzado polémicas campañas contra las fuerzas de seguridad, como instar a violentos independentistas implicados en disturbios callejeros a denunciar a agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de los Mossos d’Esquadra.

Otro de estos colectivos bajo la órbita de Soros, como informó este periódico, es el Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña (IDHC), que tuvo como presidente a David Bondia, actual Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en el Ayuntamiento de Barcelona. Bondia también ha sido consejero asesor de Novact.

No Name Kitchen (NNK) se define como una ONG que presta apoyo a inmigrantes en rutas fronterizas europeas. Nació en Belgrado en el invierno de 2017, cuando un grupo de voluntarios empezó a cocinar junto a miles de personas atrapadas tras el cierre de la frontera húngara. Uno de sus impulsores, el asturiano Bruno Álvarez, era auxiliar de vuelo de Iberia antes de dedicarse por completo a la organización.

Desde entonces, esta asociación ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de activistas que opera en distintos puntos fronterizos de Serbia, Bosnia, Croacia, Italia o Grecia, además de Ceuta y Melilla en España.

Este colectivo es además uno de los que asistió al ciudadano argelino en el litigio que derivó en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta sentencia fue esgrimida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace unas semanas como la causante de la invasión de 80.000 ilegales en Ceuta, después de que «redes de tráfico de personas» supuestamente «instrumentalizaran» dicho fallo.

Ataques a la Policía

Por su parte, la coordinadora de NNK en la ciudad autónoma invadida este verano, la italiana Francesca Fusaro, ha llegado a acusar a la Policía española de «racista» y de ejercer la «violencia».

En una entrevista con El Pueblo de Ceuta publicada el pasado mayo, afirmó que «vivimos en un sistema racista colonial que como que nos da el permiso de ejercer más violencia contra la persona migrante, contra la persona negra, etcétera. Entonces, es importante reconocer todo esto e intentar cambiarlo. De hecho, sería la Policía la que tendría que cambiar en sí misma, desde dentro, porque está basada en un sistema racista», señaló.

Más recientemente, en otra entrevista con el mismo medio el pasado 9 de agosto, Fusaro declaró que «hemos sido testigos de muchas violencias» en Ceuta en las semanas posteriores a la invasión, incluyendo aquí la «policial».

El pasado 23 de agosto, la propia asociación No Name Kitchen denunció la detención de dos de sus activistas durante la noche del 23 de agosto en una actuación policial junto a la playa de Benítez.

Entretanto, la Policía Nacional investiga la relación de miembros de esta ONG con la compra de aguafuerte y papel de aluminio, materiales que se utilizan para fabricar cócteles molotov. NNK niega relación con estos hechos. Lo mismo que con el suministro de gas pimienta a ilegales, a los que acoge en uno de sus locales en la zona del Tarajal, cerca de la frontera con Marruecos, como ha desvelado este periódico.