La nº 2 de García Ortiz pide al Supremo que no investigue a su jefe por filtrar datos del novio de Ayuso

La número 2 de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al Tribunal Supremo que no investigue a su jefe por filtrar los datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como había adelantado OKDIARIO.

La Fiscalía ha presentado este escrito ante el Alto Tribunal que está al borde de considerar al fiscal general del Estado como investigado, es decir, lo que antes se conocía como imputado. Todo ello después de que la defensa del novio de Ayuso, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el sindicato Manos Limpias denunciaran a Álvaro García Ortiz por difundir una nota de prensa sobre la investigación judicial por fraude fiscal contra González Amador. El fiscal general se atribuyó la responsabilidad de publicar el texto en el que aparecían datos relativos al novio de Ayuso. Y, por ello, García Ortiz podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos, según los denunciantes.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se mostró a favor de investigar a García Ortiz: «La difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal porque supone la divulgación de datos e información que no pueden ser revelados a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho a la defensa».

Y el TSJ ahondaba en que la información difundida formaba parte de «las actuaciones preprocesales, que llevaba a cabo la Fiscalía dentro de sus competencias orgánicas, en trámite reservado desde hacía tiempo y pendientes todavía del desenlace procesal que pudiera tener la actividad investigadora del Ministerio fiscal».

Un tema conflictivo

Sánchez Conde ya había apartado a una fiscal que se ocupaba en un principio del caso de Álvaro García Ortiz, María de la O Silva. Ésta estaba a favor de la admisión de la querella contra el fiscal general del Estado y defendía realizar, al menos, unas primeras averiguaciones para que se pudiera desvelar quién era el autor de la filtración de datos.

Fue entonces cuando estalló el conflicto en el seno del Ministerio Fiscal. La número 2 de García Ortiz se opuso a la decisión de María de la O Silva y ésta impugnó la orden de su superior en la Junta de Fiscales de Sala del pasado 23 de abril. Finalmente, se impuso el criterio de Sánchez Conde y decidió colocar al fiscal extremeño Francisco Javier Montero Juanes, sobrino de un juez afín al PSOE.

María Ángeles Sánchez Conde ingresó en la carrera fiscal en el año 1982. Tras pasar por las fiscalías de Cádiz, Barcelona, León y Bilbao llegó a Madrid. En la capital ha sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Constitucional, llegando a ser teniente fiscal de la Corte de Garantías. El 31 de enero de 2022, bajo el mandato de Dolores Delgado, tomó posesión como Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde entonces, es una de las personas de máxima confianza del sucesor de Delgado, Álvaro García Ortiz.