Montero pide una «reparación económica» por «violencia política» como la que dice sufrir ella misma

El Ministerio de Igualdad ha encargado un informe que reclama una «reparación judicial, económica, social y moral» para las altos cargos de la política que sufren «violencia política». La propia Irene Montero y su equipo llevan tiempo asegurando públicamente que ellas mismas son objeto de este tipo de agresiones a través de comentarios en redes sociales, artículos de medios de comunicación y afirmaciones en la esfera pública.

La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa es el título del último documento pagado por el departamento liderado por Irene Montero. Como publicó OKDIARIO se trata de un contrato menor y, por tanto, adjudicado a dedo a una asociación feminista por 12.100 euros. El documento despliega una amplia batería de medidas para resarcir a estas mujeres políticas.

«Las consecuencias en la salud física y mental de quienes sufren violencia política por razón de género deben ser tenidas en cuenta en la reparación judicial, económica, social y moral. A menudo priva a quienes la experimentan de desarrollarse en plenitud como ciudadanas, como políticas, laboralmente o como activistas, con el menoscabo de derechos y la restricción del acceso a oportunidades que ello conlleva», denuncian en las conclusiones del informe.

«Es esencial generar una cultura de la solidaridad y apoyo a las mujeres que sufren esta forma de violencia, y promover espacios de cuidado y de reparación», se indica. Las autoras consideran que «frente al aislamiento, la soledad o el miedo que muchas de las víctimas de la violencia política manifiestan, la reparación y la prevención de la revictimización pasa por avanzar hacia una cultura colectiva de condena ante la misma» y «para ello, es importante aceptar que esta forma de violencia ocurre por el hecho de ser mujer y de ejercer política de una forma transversal y, por tanto, esa solidaridad debe operar en el mismo sentido».

En este punto, otra conclusión pasa por dar publicidad a las mujeres políticas que, según dicen, son víctimas de estas agresiones. Apuestan por «poner en valor figuras de mujeres que han experimentado esta violencia, y sus estrategias para afrontarla y superarla para la construcción de referentes positivos». Así, sostienen, se conseguirá «el empoderamiento frente al silenciamiento» y «visibilizar sus narrativas puede promover una movilización de otras muchas actoras políticas (sic.) que sumen en el proceso de apoyo y visibilidad». También se solicita elaborar «estrategias de protección y defensa ante la violencia política».

«Nuestro país cuenta con un importante catálogo de recursos de detección, de investigación, actuación y reparación de la violencia machista en constante desarrollo y crecimiento, que pueden y deben ser el espacio natural de acogida de la violencia política», esgrimen.

Otro de los objetivos que marca el informe del ministerio de Irene Montero es implantar «metodologías cuantitativas de investigación que puedan arrojar datos a mayor escala, con mujeres de Parlamentos estatales y autonómicos o altos cargos femeninos». También se apuesta por divulgar este tema en empresas, partidos políticos, medios de comunicación y foros estatales e internacionales. También abogan por «un posicionamiento claro en contra de todos los parlamentos».

Observatorio

Asimismo, se ve necesario «incluir esta forma de violencia dentro del marco legislativo contra la violencia machista y la legislación relacionada con los procesos electorales, los políticos, sindicatos y otras organizaciones», «promover un departamento (observatorios, oficinas), nuevos o ya existentes, que sirvan para el registro y manejo de denuncias contra esta forma de violencia», «impulsar una herramienta de monitoreo electoral», entre otros.

Además, apuestan por abrir «una suerte de observatorio de la igualdad en los procesos electorales que desarrolle indicadores sobre la violencia política por razón de género» y, en este sentido, han encontrado regulación sobre la materia en Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Las autoras reconocen que no han entrevistado a políticas de derechas para el estudio porque «han declinado o no han respondido».