Moncloa llamó a Gertrudis la misma mañana que el juez imputó a Zapatero, pero estaba en pleno registro
El juez sitúa a la secretaria del ex presidente en el tercer nivel operativo al ejecutar las instrucciones de Zapatero
El magistrado consideraba tan relevante su participación que autorizó un "registro corporal externo"
Moncloa llamó a María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la misma mañana que el juez imputó al que fuera jefe del Ejecutivo durante 7 años. Sin embargo, según apuntan fuentes de la propia administración socialista, esa misma mañana del martes se produjo el registro en las empresas vinculadas a la trama, lo que impidió que la encargada de la oficina de Zapatero pudiera atenderla.
La llamada se produjo en plena explosión del caso que rodea al ex presidente socialista. La primera información que se conoció fue la citación de Zapatero en calidad de investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
Tras el shock inicial en la sede del poder Ejecutivo, desde Moncloa trataron de ponerse en contacto con la secretaria de Zapatero. En un primer momento, la voluntad era conocer cuál sería el siguiente paso del que han denominado como «faro moral de la izquierda». Y es que, en ese momento, ya se había dado a conocer que el ex secretario general del PSOE saldría públicamente a defenderse.
Sin embargo, pese a la llamada de Moncloa, Gertrudis Alcázar no levantó el teléfono. Y es que, en esos momentos, no sólo era Zapatero el foco de la investigación, sino que su secretaria, según el auto del juez Calama, habría conformado un tercer nivel operativo encargado de ejecutar las instrucciones del expresidente en el día a día.
«Pieza operativa esencial» en la red
«La investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero», recoge el auto del juez. Y es que, como señala el documento judicial, era también la «usuaria principal» de una cuenta de correo electrónico.
El juez la describe como un «nodo central de comunicación y gestión documental». Además, aseguran que Gertrudis «desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red -también denominada Finance Boutique-«. Según las averiguaciones, recibía «instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario».
En relación con esas acciones, también señala a Cristóbal Cano, gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. De Gertrudis y Cristóbal considera que existen evidencias de que han participado en una «previa concertación sobre el contenido, conceptos e importe de las facturas que se van a emitir».
El juez consideraba tan relevante la participación de Gertrudis que incluso autorizó un «registro corporal externo» de la secretaria de Zapatero para evitar que se perdieran, alterasen o destruyeran datos relevantes. Todo ello en el mismo día en el que los agentes de la policía judicial entraron en la oficina del ex presidente para registrarla en busca de documentos relevantes para la investigación.
Este jueves, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció la citación de Gertrudis, junto al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entre otros, en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrado considera a Zapatero, en el auto de imputación del ex presidente, como el «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
Según la investigación, habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.
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