Méndez de Vigo: «Es deleznable usar niños en marchas pro 1-O, esos colegios pueden ser multados»

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado que la Alta Inspección educativa ha enviado el martes 26 de septiembre a la Consejería de Educación de Cataluña un requerimiento por la supuesta «utilización de niños» por varios colegios en actos de apoyo al referéndum ilegal, una circunstancia que podría conllevar una «sanción, apercibimiento o multa».

En una entrevista en la cadena Cope, el también portavoz del Gobierno ha afirmado que «evidentemente» puede haber penalizaciones a estos colegios catalanes, aunque ha insistido en que España es un Estado de Derecho y hay que esperar primero a la respuesta de los centros educativos.

«Como estamos en un Estado de Derecho, vamos a esperar a ver cuál es la respuesta de los colegios [catalanes] y, a raíz de eso, veremos si los hechos pueden ser objeto de sanción, apercibimiento o multa», ha afirmado el ministro.

Asimismo, ha defendido que la actuación del Gobierno «ha sido inmediata» tras conocer las instrucciones de dos centros educativos —en Olot (Girona) y Manresa (Barcelona)— sobre la participación de alumnos y profesores en manifestaciones a favor del referéndum.

En este sentido, ha explicado que la publicación de estas informaciones en varios medios de comunicación llevó al Ejecutivo a solicitar a la Alta Inspección educativa la apertura de un expediente informativo el pasado viernes 22 de septiembre. El siguiente paso ha sido el envío este martes 26 de un requerimiento a la Consejería catalana para que colabore en esclarecer lo sucedido, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación.

El titular de Educación ha insistido en que «hay que ver las cosas dentro del marco de procedimientos» al tiempo que ha calificado de «deleznable» la utilización de los alumnos en estas protestas. «Es de muy mala enseñanza no explicarles que en una sociedad democrática lo más importante es cumplir con las reglas de juego y eso es cumplir con la legalidad», ha aseverado, para añadir que «los colegios tendrán que explicar qué es lo que han hecho y cómo se han comportado».