Marlaska quita oficialmente a los guardias civiles los 4 días de indisposición, como adelantó OKDIARIO

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 06/02/2026 13:32
  • Actualizado: 06/02/2026 15:28

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha quitado oficialmente a los guardias civiles los cuatro días de «indisposición» que tienen los funcionarios. Una pretensión que reveló en exclusiva OKDIARIO el pasado mes de octubre y que este viernes ha sido culminada con la publicación en el BOE del Real Decreto 67/2026, por el que se regula la incapacidad temporal de la Guardia Civil.

Fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, quien dio la voz de alarma denunciando públicamente esta decisión que «supone una nueva discriminación para el colectivo y un retroceso en derechos respecto al resto de funcionarios públicos», y ha tratado por todos los medios pararla durante casi dos años de lucha.

Este Real Decreto, que entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el BOE, impone numerosas obligaciones a los agentes. Algunas de las que pretendía Marlaska en el proyecto de Real Decreto, que eran «altamente perjudiciales», sí han sido tumbadas. Ahora, estudia recurrirlo para parar esta «discriminación».

Esta norma ha sido duramente criticada en el Cuerpo «por su enfoque fiscalizador, por generar desconfianza hacia el personal y por poner el acento en el control antes que en la protección de la salud», explica la AUGC, que ha elaborado dos infografías para explicar a los agentes los efectos de la misma, que acompañan a esta información.

Esta decisión del ministro del Interior se suma a la de imponer pruebas físicas a agentes con discapacidad o cambiar de destino a los guardias civiles por una lesión aunque puedan trabajar, iniciativas de las que también ha informado en exclusiva OKDIARIO.

La primera consecuencia de este Real Decreto para regular la incapacidad temporal de los guardias civiles es la eliminación de los días de indisposición. Los guardias civiles, cuando cogen días de indisposición, tienen que ir al médico y entregar en el trabajo un justificante. En la Administración ni siquiera han de ir al médico, sino que el propio funcionario hace un documento reflejando que se encuentra mal.

Al entrar en vigor esta norma, el personal de la Guardia Civil está obligado a coger la baja médica desde el primer día, no existiendo los días de indisposición que posee el resto de la administración. Hasta el momento, no perdían la productividad por esos cuatro días. Ahora, pierden la parte proporcional durante los días que estén de baja.

¿Hasta cuándo tienen derecho a los días de indisposición? El próximo 25 de febrero es la fecha límite. A partir de ese día, los guardias civiles estarán obligados a coger baja médica desde el primer día por cualquier dolencia leve, perdiendo la productividad.

Discriminación respecto al resto

«Esta medida supone una discriminación respecto al resto de funcionarios y un señalamiento al personal que cae enfermo o sufre una lesión, al que se trata como si fuera un delincuente”, declaró en su día a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Además, advirtió que esto va a traer a Interior «más problemas que beneficios, porque si hay que coger una baja, la ausencia del trabajador se va a prolongar aunque sea por una dolencia leve que se podría solucionar con un sólo día de reposo».

«El resultado son más viajes al médico, más trámites, más tiempo perdido y más estigma por caer enfermo», sostiene.

La asociación mayoritaria de guardias civiles denuncia que «Marlaska ha iniciado una guerra contra las bajas médicas de la Guardia Civil, amparado en datos estadísticos que no reflejan la realidad». «La Guardia Civil siempre ha dicho que hay muchas bajas en el Cuerpo, utilizando para ello datos estadísticos que no se corresponden con la realidad, dado que por la falta de personal médico, un guardia civil podría permanecer 10 años o más de baja, como ha ocurrido en alguna ocasión», apunta Nemiña.

La AUGC había pedido a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que, al menos, regule en una norma que los agentes no pierdan dinero por estos cuatro días que quitan, pero ésta ni se pronunció al respecto y fue aprobada. También presentó alegaciones ante la Dirección General de la Benemérita y avisó a los ministerios del Interior, Hacienda, Transformación Digital, Defensa, Igualdad y Sanidad, a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado de las «graves irregularidades» que contenía este proyecto.

Control constante de bajas

Otra medida de este Real Decreto es el control constante de bajas, con informes periódicos. Hasta el momento, si el agente se ponía enfermo, le atendía el médico y su baja se gestionaba con la mutua o el servicio público. Ahora, Marlaska tendrá un control interno continuo sobre cada baja. De esta forma, el guardia civil tiene que demostrar constantemente que está enfermo.

«Y lo que es más grave, sin que la Guardia Civil cuente con personal médico suficiente para atender esa tarea», según denuncia Nemiña.

El ministro también perseguía limitar el derecho de desplazamiento, imponiendo a los agentes la obligación de comunicar los que duren más de siete días cuando están de baja, con el fin de descontar los complementos de territorialidad. Una medida que suponía limitar un derecho recogido en la ley y que los guardias civiles han logrado tumbar. La AUGC advirtió que era  «contraria a lo que dice la Ley de Derechos y Deberes –que establece libertad de desplazamiento–. De hecho, ya fue rechazada por el Consejo de Estado hace años.

Invasión de la intimidad

Interior también quiere saber si los agentes están en tratamiento psicológico. Para ello, ha imuesto la obligación de notificarlo y de entregar al servicio de sanidad de la Guardia Civil toda la documentación médica que posean. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había pedido a Interior que retirara esto, pero el Ministerio lo sigue regulando como una obligación.

Además, Interior exige ahora a los guardias civiles que comuniquen si tienen discapacidad. La AUGC destaca que los problemas de salud mental y la discapacidad son cosas muy sensibles, y que «pedir esa información de forma amplia y sin garantías es una invasión de la intimidad de los agentes». De hecho, la ley de datos lo protege de forma especial, recuerda esta asociación.

La norma regula, asimismo, que si un médico de la Guardia Civil da el alta y luego el agente pide baja o tiene una recaída, sólo le podrá extender la baja la Sanidad del Cuerpo. Sobre esta medida, la AUGC señala que «en el resto de las administraciones, la baja emitida por un facultativo tiene eficacia hasta que alguien la revise por reconocimiento», mientras que a los guardias civiles pretenden ponerles «un filtro administrativo extra» y vuelven a estar a expensas del servicio de Sanidad de la Guardia Civil.

Según la AUGC, esto es «muy peligroso si tenemos en cuenta que en la Guardia Civil faltan más de 40 médicos y que más de la mitad de las comandancias no disponen de médico».

«Si un médico que se desplaza a mi comandancia un día a la semana, me da el alta, aunque tenga una recaída posiblemente no tendré médico de la Guardia Civil que me extienda una nueva baja, por lo que aunque esté mal, tendré que seguir trabajando», explica el responsable jurídico de la AUGC, destacando que esto les «preocupa» especialmente, «dado que se está jugando con la salud del personal»

Médicos pagados por Interior

Este Real Decreto contempla, además, que la Guardia Civil pueda contratar servicios médicos externos para el control de las bajas. «Si la administración paga y te manda al especialista que ella ha contratado, ¿quién juzga con independencia, teniendo en cuenta que ese personal contratado tiene la obligación de defender los intereses de la administración?», plantea Eugenio Nemiña.

El Real Decreto también recoge que los guardias civiles, mientras estén de baja médica, pierden la autorización para trabajar en otro empleo (compatibilidad). A este respecto, la AUGC afirma que aunque uno esté malo, puede ser que su enfermedad no le limite para ejercer las funciones de otro puesto de trabajo y que la medida podría acarrearle problemas en ese otro empleo.

En este sentido, pone el ejemplo de un agente que se rompe el tobillo y no puede circular en moto. Por ello, no puede trabajar en la Guardia Civil y coge la baja. Sin embargo, eso no le impediría realizar otro empleo en el que esté teletrabajando. Por eso, la AUGC propone que en lugar de regular la suspensión de la compatibilidad, se regule que la baja se aplique a las dos profesiones.

Por otra parte, este Real Decreto dispone que por ausencias de más de siete días de la residencia habitual estando de baja, el agente pierde el complemento de zona conflictiva si está destinado en el País Vasco o el de insularidad si trabaja en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

Por otra parte, aunque en el preámbulo del Real Decreto se hable de administración electrónica, en la práctica los agentes seguirán teniendo que ir a su unidad a entregar los partes de baja o a recoger notificaciones médicas, ya que se envían allí.

La AUGC denuncia que de esta forma, no se está cumpliendo con la ley del Procedimiento Administrativo, que en su artículo 14 establece la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que se realice con ellos por su condición de funcionario.

«Mientras otros funcionarios se relacionan electrónicamente con la administración, los guardias civiles siguen obligados a trasladarse al cuartel enfermos para recibir o entregar documentación, algo anticuado, humillante y que incumple la ley», critica la AUGC.