Marlaska exigirá a los policías que vayan a tertulias de televisión un permiso previo para controlarlos
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ultima un Real Decreto por el que todos los policías que deseen acudir a tertulias de actualidad en televisión deberán pedir permiso a la Dirección General de la Policía, dependiente de Interior. De esta manera, el ministerio de Marlaska podrá controlar quiénes son los policías que acuden a programas de actualidad en calidad de tertulianos y qué tipo de información dan al gran público.
«Con carácter general, el desempeño de cualquier actividad pública o privada al margen de la labor profesional en la Policía Nacional estará sujeta, respectivamente, a autorización o reconocimiento previo de compatibilidad, de acuerdo con este Real Decreto», según recoge el artículo 4 de este proyecto. El proyecto será debatido este miércoles por la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía de forma extraordinaria. Luego se presentará ante el Consejo de Ministros y entrará en vigor 20 días después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según el proyecto «la participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de policía nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía, quien podrá delegar esta competencia en la persona titular de la jefatura de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas (OPR)».
Sin embargo, en el borrador que se presentó ante el Consejo de la Policía el polémico artículo 4 no estaba redactado de esta manera. Uno de los problemas de los que se quejan los policías que acuden a programas de radio o televisión cuando los reclaman es que la OPR es «lenta, todo se retrasa muchísimo y muchas veces te llaman con apenas unas horas y la OPR no te ha dado respuesta», explica uno de estos policías, tertuliano en un programa de máxima audiencia. De hecho, el sindicato mayoritario en el Consejo de Policía, Jupol que tiene 8 de 14 vocales, ya ha decidido abandonar las reuniones del Consejo por la «poca disposición de la Dirección a escuchar nada de lo que proponemos».
En la nueva ley también hay varias salvedades que afectan a los funcionarios, ya que sí pueden compatibilizar sus labores con actividades como «la administración del patrimonio personal o familiar (…), la dirección de seminarios o el dictado de cursos conferencias en centros oficiales destinados a la formación del funcionariado o profesorado (…), la preparación para el ingreso o la promoción en la Policía Nacional, cuando no suponga una dedicación superior a setenta y cinco horas anuales (…), la participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las administraciones públicas (…), la participación del personal docente en exámenes (…), la producción literaria, artística, científica y técnica (…), las actividades deportivas, incluidas las de entrenador y árbitro, siempre que no sean retribuidas (…)».
Entre la excepciones contempladas por Grande-Marlaska también está, tal y como ocurre hasta ahora, los liberados sindicales dentro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y los policías en situación de segunda actividad, que «podrán desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado, sin necesidad de solicitar el correspondiente reconocimiento de compatibilidad, siempre que no se les hubiese autorizado la compatibilidad para desempeñar actividad pública».
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