Leire Díez se parapeta en la Constitución para defender sus cloacas como «investigación periodística»

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 04/06/2025 10:08
  • Actualizado: 04/06/2025 10:47

Leire Díez, militante socialista y fontanera del PSOE, se ha amparado en la Constitución Española para defender su trabajo en las cloacas y ha asegurado que está haciendo una «investigación periodística». Así lo ha manifestado en una comparecencia sin preguntas este miércoles en Madrid después de anunciar este martes que solicitaría su baja voluntaria del PSOE tras una reunión de más de dos horas en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz por haber solicitado información comprometedora de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cambio de beneficios judiciales.

La ex concejala del PSOE ha asegurado que está preparando un libro que «versará sobre los estragos del falso patriotismo» y que incluirá «conocidos casos» y se ha referido a la «Kitchen, la policía patriótica o las investigaciones a partidos como Podemos».

«He tenido conocimiento de esos casos de las personas afectadas», ha aclarado la militante socialista. Entre otras cosas, ha apostillado que ha procedido a un «análisis de procesos judiciales», y que está haciendo «lo que se conoce como una tarea de periodismo de investigación». Así, ha aclarado que trabaja «en casos más conocidos en los que se han constatado delitos graves y tienen impacto político».

Leire Díez se ha defendido «al amparo del artículo 20 de la Constitución Española». Este precepto recoge el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones» y a «la producción y creación literaria, artística, científica y técnica».

Acusaciones de «grabación ilegal»

«He estado años antes de que saltaran los casos de corrupción que vinculan al Gobierno del PSOE», ha aclarado Díez y ha lamentado que se le haya «conocido fruto de una grabación ilegal en un despacho de abogados». «Esa grabación serán objeto del trabajo que estoy realizando», ha advertido la fontanera del PSOE.

Leire Díez ha apelado nuevamente a la Constitución para defenderse de la polémica grabación en la que se desveló que ofrecía beneficios judiciales «Las filtraciones son un tema que nuestro Estado de derecho debe de abordar», ha asegurado y ha aclarado que «a día de hoy» se está violando el artículo 18.3 de la Carta Magna. Es decir, el precepto que garantiza el secreto de las comunicaciones. La ex concejal socialista ha afeado que «sólo se investigan las filtraciones del fiscal general del Estado y no las de los demás».

«Disponía de información y como entenderéis, reservaré mis fuentes», ha manifestado, para aclarar que «en esa reunión se podían conocer extremos» del caso todos conocen, según ha explicado Leire Díez.

Además, la fontanera socialista ha apostillado: «La reunión duró mucho más tiempo, lo que resulta imprescindible escucharla al completo para un juicio ponderado de su contenido».

Reunión para confirmar los afectados

A su vez, ha detallado que su participación «era para confirmar la relación de afectados» y que puso «encima de la mesa las opciones que existen en el ordenamiento» jurídico y que no ha ejercido influencia sobre «ni fiscales ni nadie». «Puse la posibilidad que siempre está abierta», ha incidido. Y ha aprovechado para arremeter contra el magistrado instructor de la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Hasta el juez Peinado parece que se equivoca».

La dirigente ha asegurado que no actúa en nombre «de nadie ni en representación de nadie». «Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», ha sostenido Leire Díez en su comparecencia sin preguntas. En su lugar, se ha definido como «un militante, libre de hacer libros». «En una democracia no puede mirar para otro lado si hay un mal funcionamiento de un funcionario público», ha aseverado.

Sobre su reunión de ayer en la sede de Ferraz, ha asegurado que dio explicaciones de su trabajo «periodístico». Y que, a su vez comunicó su intención de pedir su baja voluntaria y «temporal»: «Solicité yo mi baja». Díez ha argumentado que se da de baja para hablar libremente: «Quiero decir todo lo que tengo que decir, para poder atender a todo el mundo y hablar de lo que pasó la semana pasada».

La militante socialista ha asegurado que no es «ni fontanera ni cobarde». «Seguiré mi trabajo para culminar el libro como ciudadana libre que ejerce sus derechos», ha concluido su rueda de prensa sin responder a las preguntas de los medios.

Al final de la rueda de prensa, el empresario Víctor de Aldama ha aparecido entre los asistentes y se ha enfrentado a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset, que ha empujado a Aldama para evitar que hablara con la hasta ahora militante del PSOE.

Visita de la ‘fontanera’ a Ferraz

Leire Díez compareció durante dos horas en la sede de Ferraz para dar explicaciones. La ex concejal del municipio cántabro de Vega solicitó su baja voluntaria ante el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de quien presuntamente había sido su mano derecha. La ex política socialista rechazó hablar a la prensa y convocó a los medios para este miércoles por la mañana en el Hotel Novotel de Madrid.

La Secretaría de Organización, encabezada por el propio Santos Cerdán, abrió el expediente informativo, sin medidas cautelares, después de que se publicara un audio en el que Leire Díez ofrecía pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra mandos de la UCO de la Guardia Civil.

En los audios aparecía la militante socialista junto al empresario Javier Pérez Dolset. Ambos eran, presuntamente, los principales fontaneros del PSOE, y se encargaban de realizar gestiones directas. Entre otras cosas, ofrecían abogados gratuitos, pactos o indultos a investigados en distintas tramas cambio de lograr información sobre la UCO, institución con la que los líderes de esta trama buscaban acabar.

El PSOE presuntamente tejió una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Sánchez. Ejemplo de ello es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel.

El modus operandi de los fontaneros era el siguiente: contactaban con empresarios con problemas judiciales; les solicitaban información sensible sobre la UCO y, a cambio, se les proponía reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.

El objetivo era mantener un férreo control sobre la información sensible antes de que trascendiese públicamente. Los abogados colocados estratégicamente tenían toda la información sensible antes de que saliera en la prensa de los sumarios, tratando de asegurarse de que no se tirase de la manta contra el PSOE.